Ya son tres los exministros de Guillermo Lasso censurados en la Asamblea Nacional: hay otros tres juicios políticos ‘en cola’

Juan Zapata, exministro del Interior, se sumó desde el pasado 29 de mayo a la lista de exintegrantes del gabinete del exmandatario Guillermo Lasso censurados por la Asamblea Nacional en un juicio político.

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La censura de Zapata se aprobó con 118 votos que vinieron principalmente de los bloques de la Revolución Ciudadana, PSC, ADN y otros sectores. Se lo acusó de incumplimiento de funciones al no haber ejecutado gran parte del presupuesto asignado a la cartera de Estado para atender la crisis de inseguridad.

Zapata se suma a otros dos ministros de Lasso censurados en el actual periodo legislativo.

Así, a finales de enero pasado, el pleno censuró, con 100 votos, a Esteban Bernal, que fue ministro de Inclusión Económica y Social. Se lo acusó de incumplimiento de funciones por haber excluido de la lista de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano a más de un centenar de personas en condición de vulnerabilidad, sin la notificación respectiva ni motivación alguna, negándoles el derecho a la legítima defensa y al debido proceso.

En tanto que a fines de abril pasado, con 95 votos, el pleno censuró a Fernando Santos Alvite, exministro de Energía y Minas, acusado también de incumplir sus funciones por no tomar las medidas adecuadas para evitar la crisis energética que vivió el país en los últimos meses del Gobierno anterior y que se extendió al actual.

Pero hay otros pedidos de interpelaciones en cola en la Comisión de Fiscalización contra exfuncionarios de Lasso: están, en orden de calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), los juicios políticos contra Sebastián Corral, exsecretario de la Administración; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas.

A Corral se lo acusa de un supuesto incumplimiento de funciones al ocupar este cargo cuando era aún accionista y directivo activo de las empresas de comunicación Cratel C. A. y Teleamazonas Guayaquil.

A Montalvo, de incumplimiento de funciones al gestionar inadecuadamente los cupos en los centros de educación superior del país.

Y a Arosemena, de incumplir funciones por supuestas omisiones en el manejo de la caja fiscal y falta de transparencia en las cifras de las finanzas públicas.

También se quiso enjuiciar políticamente a Ana Belén Cordero, que fue secretaria Ancticorrupción, pero esto finalmente no se concretó.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 85, señala: “La censura (en un juicio político) tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad, quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional”.

Juan Fernando Flores, quien es presidente nacional del movimiento Creando Oportunidades (CREO), ve con preocupación esta ‘ola’ de juicios contra exfuncionarios del gobierno de Lasso, pues algunos, como Zapata por ejemplo, habían sido considerados para ser partes de las listas de candidatos para el 2025.

“Más que considerar que esto pueda ser una persecución política, porque la fiscalización es una atribución de la Asamblea Nacional, lo que nos preocupa es que no se haya venido llevando un debido proceso dentro de los trámites de juicios políticos. Es lo que ha pasado ahora en el caso de Juan Zapata. Él explicó que nunca fue notificado y por eso no conoció que tenía que enfrentar este juicio, más allá de lo que se sabía por los medios de comunicación, hay canales que prevé la ley. Entonces ahí se ve que habría una doble intencionalidad: no solo fiscalizar sino golpear a nuestros cuadros”, lamentó Flores.

Agregó que existe un antecedente de un funcionario censurado en un juicio político que, pese a que tenía la prohibición de ocupar cargos públicos, fue candidato a la Asamblea en los comicios anticipados del 2023 y ganó. Se trata de Patricio Carrillo, que encabezó la lista nacional del movimiento Construye, pero que no pudo actuar como legislador porque en el Ministerio de Trabajo constaba esta inhabilidad. En su lugar se principalizó su alterna Nathalie Morillo. La sanción de Carrillo se levantaría en febrero del próximo año.

“Estos temas tendremos que evaluarlos como organización a la hora de elegir a los candidatos... Unos nos han dicho que no tienen interés en serlo, así que no nos afectaría, pero otros sí. Hay que resolver si podemos participar o no bajo ese esquema”, indicó.

De momento, CREO está renovando las directivas provinciales antes de resolver candidaturas. La convención del movimiento sería a mediados de agosto. (I)