Burocracia y desactualización complejizan los trámites catastrales en Quito, según usuarios y profesionales

Filimon Rojas, un ciudadano de 78 años residente en Tumbaco, nororiente de Quito, lleva dos años intentando regularizar una propiedad rural en el sector del Inga Bajo.

Junto con su esposa, de 80 años, su objetivo es subdividir el terreno para vender lotes que le permitan cubrir gastos médicos y mejorar su calidad de vida.

Lo que comenzó como un trámite rutinario pronto se convirtió en una odisea. “Parte de la propiedad fue comprometida mediante promesas de compraventa, pero la demora en el trámite y los constantes reingresos me tienen sin salida”, relató Rojas.

La situación ha generado multas y devoluciones de dinero, colapsando su pequeño negocio inmobiliario.

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El principal problema radica en los linderos de la escritura de compra, que no contemplan las calles abiertas posteriormente.

El hombre solicitó un informe vial al Consejo Provincial, un proceso que tomó un año y dos meses. Sin embargo, cuando pensó que finalmente avanzaría, surgió una nueva observación: otro lindero no coincidía.

Los funcionarios de Catastro del Municipio de Quito le recomendaron realizar una escritura aclaratoria con el vendedor original, pero este había fallecido hacía años. “¿Cómo puedo solucionar algo si los dueños ya no existen? Los herederos exigen dinero que no tengo para firmar la aclaratoria”, lamentó Rojas.

El proceso de regularización de áreas en el Distrito Metropolitano de Quito se ha convertido en un desafío burocrático que afecta tanto a ciudadanos como a profesionales del sector inmobiliario.

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La presunta lentitud en los trámites, la falta de criterios unificados y la desactualización de mapas catastrales son apenas algunas de las problemáticas denunciadas. Este escenario, descrito como un “calvario administrativo”, ha ocasionado pérdidas económicas y ha empujado a muchos hacia la informalidad.

Patricio Olmedo, quien conoce el ámbito catastral, señaló que los problemas en el Departamento de Catastro tienen un impacto profundo en la economía del Distrito Metropolitano de Quito.

Según sus estimaciones, entre el 70 % y el 80 % de las construcciones en Quito son informales, y el 70 % de las propiedades funciona bajo derechos y acciones. “Esto vuelve vulnerables a las edificaciones frente a un sismo y limita el goce y disposición de una propiedad”, sostuvo él.

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El profesional destacó que las normativas actuales, como la ordenanza 026, están desactualizadas y no contemplan casos particulares, como el de Filimon Rojas.

Además, el exceso de reingresos en los trámites desalienta a los ciudadanos, quienes, cansados del proceso, optan por la informalidad o, en el peor de los casos, recurren a actos de corrupción.

“El Municipio debería ver a los profesionales como aliados estratégicos, no como un obstáculo. Nosotros conocemos la realidad del sistema catastral y podemos ayudar a mejorarlo, pero necesitamos que nos escuchen”, añadió Olmedo.

Daniel Salazar, profesional activo en el sector inmobiliario, señaló que el trámite de regularización de áreas toma, en promedio, entre seis y ocho meses, si es viable.

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A esto se suma la exigencia de realizar tres reingresos por trámite debido a observaciones técnicas, desactualización de mapas o falta de asesoría por parte de los funcionarios.

“La realidad es que las estadísticas municipales son engañosas porque cuentan cada reingreso como un trámite nuevo. El número real de propiedades atendidas es tres veces menor que el reportado”, enfatizó Salazar.

El ingeniero propuso soluciones concretas, como la reforma a la ordenanza 026 y la creación de mesas de atención técnica en las administraciones zonales. Según Salazar, estas acciones permitirían reducir los tiempos de espera y brindar respuestas más eficientes a los ciudadanos.

Ante la falta de soluciones, ciudadanos y profesionales han presentado propuestas puntuales para optimizar la gestión catastral en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Marco Pilaluisa, profesional geógrafo, recomendó algunas mejoras. Entre las principales demandas se destacan:

Reapertura de las ventanillas de asesoría presencial en todas las administraciones zonales para facilitar el proceso y aclarar observaciones de manera oportuna.

Reforma a la ordenanza 026, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos y actualizando la normativa para incluir casos excepcionales.

Reducción de los tiempos de respuesta a 30 días, como lo establece el Código Orgánico Administrativo, simplificando los procesos y asignando más personal técnico.

También recomendaron la actualización masiva del registro catastral mediante recorridos periódicos en las parroquias urbanas y rurales para garantizar la precisión de la información. Pidieron mayor involucramiento de las autoridades municipales, incluyendo al alcalde y concejales, para resolver esta problemática con la seriedad que requiere.

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Estas propuestas buscan no solo agilizar los trámites, sino también recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema catastral. Algo que, al parecer, por el momento no existe.

Los profesionales denunciaron que la demora en la obtención de permisos ha generado un estancamiento en el desarrollo inmobiliario de la ciudad. La falta de una gestión eficiente en el Departamento de Catastro impide a los propietarios acceder a créditos hipotecarios, vender propiedades o regularizar construcciones existentes.

“Si los procesos fueran claros y rápidos, se reduciría la informalidad y se dinamizaría la economía del Distrito”, afirmó Olmedo. Sin embargo, la realidad actual es que muchos ciudadanos enfrentan un sistema que, lejos de facilitar el ordenamiento territorial, se convierte en un obstáculo para el desarrollo.

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Mientras tanto, Filimon Rojas sigue esperando una respuesta que le permita regularizar su terreno. Su caso es un reflejo de una problemática mayor que afecta a miles de quiteños y que, sin una intervención urgente, continuará generando pérdidas económicas.

Respuesta del Municipio

Andrea Pardo, directora metropolitana de Catastro del Municipio de Quito, respondió a las sugerencias de los profesionales y la ciudadanía sobre las demoras en los trámites catastrales asegurando que la actual administración ha logrado reducir significativamente los tiempos de atención.

Según ella, al asumir funciones, encontraron procesos retrasados hasta por dos años. “Hemos pasado de 61 días a un promedio de 24 días, cuando la norma establece un máximo de 30 días hábiles”, afirmó.

Este avance se debe a procesos de capacitación, levantamiento interno de procedimientos y seguimiento técnico a través del sistema digital del Municipio.

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Pardo destacó que la Unidad de Catastro es la que más trámites recibe dentro del Municipio, con un promedio de 4.500-5.000 solicitudes mensuales.

Para hacer frente a esta alta demanda se han simplificado los procesos, reduciendo de catorce a cuatro grandes temas con un lenguaje más claro y entendible para la ciudadanía.

La funcionaria explicó que, si existen observaciones en los trámites, se otorgan diez días para subsanarlas; y, si no se cumple este plazo, el sistema caduca automáticamente el proceso.

También aclaró que sí existe atención en los balcones de servicio, la cual se organiza en tres niveles, según el modelo de servicios del Municipio: en primera instancia, los balcones de servicio brindan información básica; si no se resuelven las inquietudes, interviene personal técnico en un segundo nivel; y finalmente, en casos más complejos, se agenda una reunión directa con Catastro para brindar una solución.

Sobre las quejas relacionadas con la ordenanza 026-2021, Pardo reconoció que está desactualizada, pero anunció que ya trabajan en una nueva propuesta que será presentada al Concejo Metropolitano.

Este documento se está elaborando con la participación de colegios profesionales, academia y sectores de la construcción, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir las dificultades existentes.

En cuanto a la preocupación por la alta informalidad denunciada, donde se estima que el 70 % de las construcciones no cumple con los procedimientos, Pardo hizo un llamado a la corresponsabilidad, señalando que los profesionales deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Además, aclaró que siempre necesitarán de los profesionales del sector y que el objetivo de la simplificación de procesos no es dejarlos de lado, sino facilitar el cumplimiento de las normativas.

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Finalmente, Pardo detalló que dentro del presupuesto del 2025 está estipulada la compra de un nuevo sistema, el cual no ha sido actualizado durante más de una década. Este tendría un costo aproximado de $ 3,5 millones y se prevé que el próximo año sea implementado. (I)