Infractores viales deben a la ANT USD 14 millones

Las notificaciones empezaron a llegar hace dos semanas. Son correos electrónicos enviados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a conductores que no cumplieron con los convenios para pagar las multas por infracciones de tránsito. En ellos se les informa que los acuerdos están vencidos y se les advierte con el inicio de un juicio coactivo.

Cada correo tiene un código. Así se identifica al usuario multado, el monto adeudado, la fecha en que firmó el documento de pago y desde cuándo dejó de cumplir la obligación.

Una de esas notificaciones recibió Rubén Chamorro el 14 de mayo último. Él es taxista profesional y tiene 62 años.

Hoy permanece en su casa. No puede trabajar, pues su vehículo fue retenido luego de un accidente de tránsito que sufrió hace siete semanas.

Para devolvérselo le pidieron cancelar una deuda que asciende a USD 1 425 por otras infracciones viales cometidas.

Chamoro dice que hace tres años ya no pudo pagar esas multas. Por eso firmó un convenio para cubrir todo en cuotas mensuales. Ese entendimiento tampoco ha podido cumplir actualmente. “No es por mala fe, pero ahora estoy quebrado totalmente. No tengo ni siquiera para comer”.

Cuenta que la pandemia terminó por liquidar su situación económica, que ya estaba mal.

Un poco antes de que estallara la crisis sanitaria, problemas en las piernas le obligaron a bajar las horas de trabajo en el taxi.

Dice que hace 15 días fue a la ANT, para tratar de llegar a un segundo acuerdo. “Pero me dijeron que no se puede y que la única salida es que pague”.

Para facilitar ese trámite, la Agencia de Tránsito incluso habilitó en su sitio web un servicio para que los interesados consulten cuánto deben.

Quienes desde hace dos semanas recibieron las notificaciones por correo electrónico debían cancelar toda la mora hasta el viernes pasado. En caso contrario, ese día comenzaba el proceso coactivo.

Desde el 2015, en los registros de la ANT existen 80 012 convenios de pago firmados en el país. El 32% está vencido. Desde ese año se acumuló una deuda de USD 14 millones.

A sus 44 años, Rodrigo Silva tuvo que parar sus actividades como conductor de taxi.

Un accidente reportado hace ocho semanas hizo que su vehículo fuera retenido. Hoy, para sacarlo de los patios necesita cubrir USD 2 800 por multas acumuladas e intereses generados por contravenciones cometidas anteriormente.

El entendimiento que firmó en el 2017 ya fue suspendido y la Agencia ordenó que debe cubrir toda la mora.

Se había comprometido a pagar USD 162 mensuales, pero se atrasó. “Estoy sin trabajo y tengo que cubrir costos de la casa: agua, luz, Internet. Mi segunda hija va a entrar a la universidad y a la tercera le piden materiales en su escuela. No sé qué hacer. Llegamos a depender de nuestro primer hijo. Él nos apoya con la comida”.

Edwin Yánez, un conductor de bus, también está preocupado. Hace un año dejó de cumplir el convenio de pago por un accidente que sufrió. Teme que con la coactiva se congele su cuenta bancaria.

Asegura que durante la pandemia fue despedido de otra empresa y eso complicó más su situación. Tenía que cubrir USD 1 900, pero por recargos e intereses ese valor ascendió a USD 3 800. “En estos momentos no tengo dinero. Por eso pido que se establezca un plazo mayor o una renegociación”.

En cambio, Christian Chávez asegura que hace dos años fue despedido de la compañía en la que trabajaba como conductor de un camión y que no pagó las últimas seis cuotas.

Cuenta que tenía cerca de USD 2 000 en ahorros, pero que los usó durante el tiempo que estuvo desempleado. Dice que una de sus hijas requiere medicinas permanentes por un problema renal. Hoy trabaja como repartidor de comida.

La ANT indica que para el inicio de una coactiva se requiere “únicamente que la Tesorera General prepare las órdenes de cobro y las remita a la Dirección Financiera”.

Con ese procedimiento se dictan medidas, como la retención de recursos en el sistema financiero o la prohibición para contratar con el Estado.

En última instancia, la Agencia tiene la facultad de “ubicar los bienes del deudor, embargarlos y rematarlos”.

El director de la Agencia de Tránsito, Juan Pazos, advierte que los cobros tenían que realizarlos las administraciones anteriores, pero que se retrasaron. Documentos oficiales indican que este proceso debía realizarse desde el 7 de julio del 2018. Como no se ejecutó, desde el 2020 se ordenó la implementación del proyecto para aplicar la coactiva.

Esto incluyó la contratación de un equipo de abogados que representará a la ANT.

Pazos asegura que cuando no se ejecutan los cobros, la gente espera que pasen cinco años, prescriban las obligaciones económicas y las evaden. Aquello también está fijado en el Código Tributario (art 341).

La Ley de Tránsito establece que las multas que no hayan sido pagadas hasta 10 días después de entregada la citación por una contravención tengan sobrecargos económicos del 2% adicional cada mes.

En las últimas reformas viales, que el pasado 30 de abril fueron aprobadas en la Asamblea, se eliminó ese recargo del 2%. El Ejecutivo deberá vetar o aprobar este texto. El cambio fue incluido por una “petición unánime” de los gremios.