Recuperación del dinero ilegal, prioridad de los presidenciables

Los candidatos a la Presidencia manejan diferentes visiones para enfrentar a la corrupción, pero ambos coin­ciden en que es necesario recuperar el dinero sustraído en tramas de ese tipo. Ninguno detalla tiempos ni mecanismos para ejecutar esa tarea.

Actualmente, el Estado intenta cobrar USD 103,8 millones en siete hechos corruptos. Allí están involucrados altos funcionarios públicos.

Datos levantados por la Fiscalía muestran que, desde el 2016 hasta septiembre del 2020, se han registrado 6 149 denuncias a escala nacional. Los delitos investigados son cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, entre otros. Además, únicamente en la pandemia del covid-19 se abrieron 96 expedientes penales. La mayoría continúa en la primera fase de un proceso judicial.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que las propuestas de los candidatos no son concretas para luchar contra esos delitos.

El penalista Mauricio Pacheco cree necesario fortalecer al sistema judicial para que los casos avancen y contar con cooperación internacional para rastrear el dinero ilegal.

Andrés Arauz: ‘Habrá una política de datos abiertos’

Una de las promesas de campaña del candidato de Unión por la Esperanza (Unes), Andrés Arauz, es la lucha contra la corrupción pública y privada. Además recuperar el dinero sustraído, que se encuentra en paraísos fiscales en otros países.

“Recuperaremos los recursos que salieron del Ecuador producto de la corrupción, de la evasión tributaria, de la subfacturación. Buscaremos los recursos que se encuentran escondidos en los paraísos fiscales”, señala.

El presidenciable asegura que “será implacable con la corrupción en el país”. Añade que estas ilegalidades “se han convertido en una práctica generalizada y recurrente que se lleva parte del presupuesto del Estado, que se podría invertir en los planes sociales”.

En el plan de gobierno de Arauz se propone crear una “política de datos abiertos”. La intención es que todos los gastos y compras que realice el Estado sean públicos. “Esto permitirá detectar la corrupción oportunamente”.

“Todo gasto público, compra pública, decisión de la administración pública y dela función judicial estarán disponibles para estudiantes, universitarios, gremios, periodistas”.

Una de las propuestas del candidato era la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio. Él hablaba de la necesidad de incluir en esa normativa “un artículo que establezca que los bienes adquiridos en el Ecuador a nombre de empresas fantasmas, en paraísos fiscales, sean declarados como bienes injustificados”. Sin embargo, el Legislativo ya aprobó esta Ley el 19 de enero pasado.

Además, Arauz busca desarrollar políticas “para la erradicación de actos ilegales sistemáticos en el ámbito público”. Menciona que la selección, evaluación y promoción de los servidores públicos se realice de forma transparente y bajo parámetros de meritocracia.

Otro de sus planes es buscar mecanismos para que, en las investigaciones penales por peculado, tráfico de influencias, cohecho, concusión y otros delitos, “haya transparencia e independencia judicial”. “No es posible que se utilice a la corrupción como una excusa para la persecución política”.

Asegura que respetará la independencia de los operadores del sistema judicial.

Guillermo Lasso: ‘Es urgente seguir la ruta del dinero’

El candidato por la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, plantea tres objetivos para enfrentar la corrupción. “Seguir la ruta del dinero, recuperar lo robado y meter a la cárcel a quienes cometen estos delitos”.

Dice que “es crucial recuperar los fondos y bienes que se usaron para el incremento ilegal de los patrimonios personales y familiares de funcionarios públicos”. Asegura que “esto causa grandes pérdidas a la economía”.

Uno de los planes de Lasso es la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En mayo del 2019, el presidente de la República, Lenín Moreno, ya creó una Comisión de Expertos Internacionales para tratar ese tema. El proyecto no avanzó.

En su plan de gobierno, presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE), el candidato propone fortalecer con recursos económicos y tecnología a la Fiscalía, especialmente las oficinas que analizan los temas relacionados con la administración pública.

Indica que hará igual con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Centro de Inteligencia Estratégica (Cies) y la Contraloría General del Estado.

Lasso sostiene que la idea es que las actividades ilícitas cometidas por funcionarios públicos “sean indagadas con mayor eficiencia” y que los casos no queden en la impunidad.

La Fiscalía “tiene que actuar con absoluta autonomía y con presupuesto independiente”. “Necesitamos que actúe con la severidad que se requiere en una democracia, para luchar transparentemente contra la corrupción”, sostiene. La semana pasada, la Asamblea Nacional no aprobó la propuesta para otorgar una mayor autonomía a la Fiscalía.

Esa entidad dijo que la limitación que tiene la entidad puede contribuir a la impunidad.

Durante el debate presidencial, que organizó el CNE el pasado 17 de enero, el candidato Lasso aseguró además que si llega al Gobierno “realizará un manejo político serio y transparente”. “Tenemos que luchar contra un sistema desgastado, que genera mucho costo a la sociedad ecuatoriana”.