Caso Isspol: juez anticorrupción pide a Interpol publicar notificación roja contra Robert Luzuriaga

Una vez el exdirector de Riesgos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), Robert Luzuriaga, ingresó a Ecuador y no se le hizo efectiva la orden de prisión preventiva que mantenía en su contra dentro de uno de los casos Isspol, el juez anticorrupción Christian Quito, quien está a cargo del proceso penal por el delito de peculado abierto en diciembre pasado, solicitó a Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) que publique una difusión roja que permita  la búsqueda a nivel internacional del procesado.

La solicitud de Quito llega a días de que las autoridades del Consejo Directivo del Isspol y la Fiscalía pidieron al juez que solicite la emisión de la notificación roja para la localización y captura de Luzuriaga. Al exdirector de Riesgos se le procesa por actos irregulares cometidos en el Isspol y junto a él son investigados ocho personas más, entre ellos, los exdirectores generales del Seguro Social Policial Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño y los exdirectores de Asesoría Jurídica y Económica-Financiera, Santigao Duarte y Orlando Núques, respectivamente.

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El pasado 10 de febrero, el juez dispuso que se remita un oficio a la Oficina de Interpol en Quito con el objeto de que se proceda a la publicación de la difusión roja, en consecuencia se realice la búsqueda a nivel internacional del procesado ecuatoriano, del cual se presume ya dejó el país pocos días después de que llegó a Ecuador, en noviembre pasado, deportado de Estados Unidos.

Sobre Luzuriaga actualmente pesan dos órdenes de prisión preventiva dentro de causas penales abiertas contra él y otros exfuncionarios del Isspol y empresarios acusados de delitos como peculado y delincuencia organizada.

El 31 de enero de 2024, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, llamó a juicio a los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Isspol. Entre los procesados como autores están Luzuriaga, el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol Espinosa de los Monteros y Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente.

Además fueron llamados a juicio Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil,y como coautores Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox.

Para la Fiscalía, los diez procesados intervinieron en el peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos. En los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol.

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En cambio, el 16 de diciembre pasado se le inició a Robert Luzuriaga un nuevo proceso por peculado en el que se le ordenó prisión preventiva como medida cautelar. A los nueve procesados se los investiga por irregularidades dentro de un proceso de adquisición de un bien inmueble por el que entonces autoridades del Isspol habrían pagado un precio que estaba completamente por encima del valor real de mercado. Esa inversión con dineros aportados por los socios de la seguridad social policial habría generado pérdidas, las cuales se suman a otras por las que también se han abierto investigaciones penales Quito y Guayaquil.

Para definir en dónde se ubicó la o las irregularidades que permitieron que no seas detenido Luzuriaga a su arribo a Ecuador en noviembre pasado, las autoridades del Isspol interpusieron acciones legales contra los funcionarios responsables en el Consejo de la Judicatura (CJ) y exigen una investigación inmediata que desemboque en las sanciones que correspondan. (I)