Destitución y vicepresidencia ponen a prueba a las bancadas

La operación de las mayorías volverá a ponerse a prueba en el Pleno, con el caso de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez (ex ID), esta semana.

A los 137 legisladores les corresponderá decidir en el hemiciclo el futuro político de Jiménez, una vez que el Comité de Ética de la Legislatura entregó el informe en el que recomendó que sea destituida por dos causales: gestión de cargos públicos y percibir dietas impropias de un asambleísta.

El organismo determinó que la legisladora incurrió en dos de las prohibiciones para los legisladores, estipuladas en los numerales 3 y 4 del artículo 127 de la Constitución, y el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El informe no tiene el carácter de vinculante para el Pleno, pero se prevé que la unanimidad que hubo entre las cinco bancadas representadas en el Comité se traslade al Pleno.

Para una posible destitución de Jiménez se requiere de una mayoría calificada, es decir, de al menos 92 votos.

El proceso contra Jiménez se dio con base en denuncias presentadas por el jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Alejandro Jaramillo, y de Victoria Desintonio, de la bancada correísta de Unes.

El procedimiento es similar a los juicios políticos que aplica la Asamblea a los funcionarios de otros poderes del Estado. La sesión se prevé este martes.

Después de la lectura del informe del Comité, Jiménez tendrá una hora para ejercer su defensa; posteriormente, intervendrán los denunciantes por el tiempo máximo de 30 minutos cada uno.

A continuación y por un tiempo máximo de 30 minutos, la acusada ejercerá el derecho a la réplica. Antes de la votación se abrirá paso al debate.

Si el Pleno la destituye, ella cesará en sus funciones y se procederá a posesionar, de manera definitiva, a su suplente o alterno.

Así lo estipula el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Además, en este escenario, la presidenta, Guadalupe Llori (Pachakutik), deberá convocar a otra sesión del Pleno para elegir al reemplazo en la Segunda Vicepresidencia, pues el alterno de Jiménez no podrá reemplazarla en este cargo, sin una votación de por medio. En este caso, se requiere de una mayoría absoluta: 70 votos.

Las bancadas legislativas no se aventuraban a adelantar criterios para un posible reemplazo de Jiménez, hasta la semana anterior.

Sin embargo, la oficialista Nathalie Arias y la socialcristiana Marjorie Chávez esperan que se respete el principio de paridad de género; es decir, que se elija a una mujer, pues la primera vicepresidencia la ocupa un hombre: el independiente Virgilio Saquicela.

La posible salida de Jiménez incidirá en la composición del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), donde cada voto cuenta para la toma de decisiones. Es el primer filtro para que los proyectos de ley sigan avanzando.

Además de Llori, de Saquicela y Jiménez, el organismo está compuesto por los vocales Darwin Pereira (Pachakutik), Johana Moreira (ID), Nathalie Arias (Creo) y Ronny Aleaga, del correísmo.

Para poder instalarse y para la toma de decisiones, el CAL requiere de mínimo cuatro integrantes. “Solo se requieren cuatro votos para la mayoría: políticamente a lo mejor se complica (si sale Jiménez), pero no en todo tampoco”, dice la directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas.

El coordinador de la ID espera que su bancada conserve la segunda vicepresidencia. “Eso lo vamos a buscar y analizar”.

Pereira manifestó que Pachakutik esperará un pronunciamiento oficial al respecto de la ID, en vista de que ambos mantienen un acuerdo legislativo en firme. “Si ellos tienen el interés, nosotros apoyaríamos”, manifestó.
Pereira aclaró que “no hay un plazo establecido” para elegir a la nueva dignidad, pero señaló que “hay la voluntad de la Presidenta de que eso se solucione inmediatamente”.

Nathalie Arias (Creo) manifestó que el reto será escoger un “perfil idóneo”, con madurez política y apego a la ley.

Se trata del primer proceso disciplinario a nivel interno, a menos de cinco meses de haber iniciado el mandato.