El uso del fondo de tres partidos está en la mira

Juguetes, caramelos, televisores, cocinetas y hasta bebidas alcohólicas. No se trata de una lista de regalos para Navidad, sino de compras que se efectuaron con el Fondo Partidario Permanente (FPP) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entrega a las organizaciones políticas.

Esos artículos fueron adquiridos por el Partido Avanza, entre 2015 y 2016, por USD 58 963. Esa organización política, fundada por Ramiro González, actualmente prófugo de la justicia, tendrá plazo hasta esta semana para justificar las observaciones emitidas en el informe sobre el monto y origen de recursos privados, así como del uso del FPP.

A inicios de diciembre el Pleno del CNE analizó la información económica de ocho partidos y movimientos de ámbito nacional, entre 2012 y 2018. En los informes hubo observaciones a tres organizaciones: Avanza, Izquierda Democrática (ID) y SUMA.

Javier Orti, actual presidente de Avanza, dice que las observaciones detectadas corresponden a administraciones pasadas, pero que están revisando la información para contestar el informe del CNE. “Nosotros asumimos el partido a partir de 2018, tomando en cuenta que toda la documentación fue allanada por la Fiscalía, debido a lo que pasó con Ramiro González”.

Pese a ello, califica de “reprochable” el destino que se dio a los recursos del Fondo Partidario Permanente y espera responder las observaciones para que el tema quede “aclarado ante la opinión pública”.

¿Qué es el fondo partidario permanente?

Son recursos estatales que reciben los partidos y movimientos que, en dos elecciones pluripersonales sucesivas, hayan obtenido al menos el 5% de los votos válidos. Además, con las reformas al Código de la Democracia se obliga a los movimientos a destinar el 70% de los recursos para formación, investigación y publicaciones.

En el caso de SUMA, hubo observaciones a los informes de 2017 y 2018. Se describen gastos por USD 411 549, en los que no se adjuntó información que sustente los desembolsos para personal, viáticos, pasajes, honorarios profesionales, mantenimiento y reparación de edificios y equipos informáticos, entre otros. En 2018, este partido recibió USD 616 730, correspondiente al FPP.

Para Guillermo Celi, dirigente de la agrupación, se trata más de observaciones de “forma” y aseguró que presentarán los justificativos del caso. Tanto a SUMA como Avanza, el CNE observó que no destinan recursos económicos para el funcionamiento de un centro de formación política.

La Izquierda Democrática, en cambio, tuvo observaciones en los informes de 2017 y 2018. En lo que respecta a ese último año, tuvo USD 502 203 del FPP. El CNE observó que hubo gastos por USD 425 329, que sí se justificaron, para propiciar actividades de capacitación.

Aunque se detectó que se usó USD 1 339 para “actividades ajenas” a lo que establece la Ley Electoral, como comprar utensilios de cafetería y confitería, pagos de impuestos prediales, regeneración urbana, penalidades por pasajes aéreos y comida.

También se observaron las inversiones financieras que hizo en 2018 la ID en una entidad bancaria por USD 180 000, con cargo al fondo partidario, incumpliendo lo establecido en el Código de la Democracia.

Guillermo Herrera, presidente de la ID, aseguró que los descargos están listos y que se está coordinando con la directiva anterior para firmar el informe con el que responderán al ente electoral.

En el caso de otros cinco partidos y movimientos, el CNE ya aprobó sus informes económicos. En este grupo constan Fuerza Compromiso Social, (ahora rebautizado como Revolución Ciudadana). También el desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), así como el Movimiento Popular Democrático (MPD) que meses atrás se fusionó con Unidad Popular. Igualmente figuran el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento Creando Oportunidades (Creo).

En estos casos también se observa que hubo gastos distintos a los que establece el Código de la Democracia.

Por ejemplo, entre 2015 y 2017, Creo justificó el pago de parqueaderos, combustible, comida, entre otros artículos por alrededor de USD 700.

El PSC, entre 2017 y 2018, usó fondos para pagos por mora al IESS, pago de impuestos, que sí fueron justificados.

Algo común a la mayoría de las organizaciones políticas es que no publican su información contable en sus respectivas páginas web.

Alfredo Espinosa, analista electoral, cree que no existen los suficientes mecanismos de control para vigilar la inversión y el gasto eficiente del FPP. “Lastimosamente, en el CNE solo se valida el cumplimiento de requisitos formales como la presentación de facturas, mas no si estas en realidad justifican el monto y el concepto de la supuesta inversión”.

Semanas atrás, el propio consejero electoral, José Cabrera, reconoció que existen problemas por la falta de personal e infraestructura, sobre todo en las áreas de Fiscalización y Promoción Electoral. Por esto, añadió que hay retrasos en el análisis de los recursos del FPP, además de otros procesos electorales.