La Ley 42 de Alfredo Palacio y Rafael Correa costó USD 738 millones en litigios

El reciente fallo a favor de Perenco cierra un ciclo de demandas internacionales iniciadas por empresas petroleras privadas en contra de Ecuador, a raíz de la ley 42.

La norma, aprobada en el Gobierno de Alfredo Palacio (2006), determinó una participación mínima del 50% a favor del Estado en los ingresos que estaban recibiendo las firmas por el alto precio del crudo.

Tras 18 meses de vigencia de esa norma, el Gobierno de Rafael Correa elevó ese porcentaje, vía Decreto 662, al 99%.

Las petroleras alegaron una violación a sus contratos y anunciaron demandas, aunque no todas se concretaron.

Según la Procuraduría, el Ecuador afrontó cuatro demandas por esas normas. Una de ellas fue de Repsol, pero luego desistió tras la renegociación de su contrato.

Los otros casos fueron interpuestos por Perenco, Burlington y Murphy. Cabe señalar que en el caso de Burlington, el tribunal arbitral reconoció que la ley 42 no es expropiatoria, pero declaró a Ecuador responsable de terminar de forma unilateral sus contratos y asumir el control de los bloques 7 y 21, que eran motivo del litigio.

A diferencia de ese proceso, en el de Perenco -que también operaba esos dos bloques- el tribunal sí determinó que la ley 42 violó sus contratos.

La aspiración inicial de esas tres compañías fue de USD3 575 millones, pero finalmente el Estado fue condenado por una suma de 738 millones.

De ese monto, solo está pendiente de pago USD 374,3 millones del reciente fallo a favor de Perenco.

Las sentencias fueron diferentes, pese a que ambas fueron administradas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Un aspecto por resaltar de ambos procesos, según Álvaro Galindo, socio del despacho Carmigniani Pérez y catedrático de la Universidad de Georgetown, es que en ambos casos los tribunales arbitrales condenaron por daños ambientales a las petroleras. “Es la primera vez que condenan a compañías por daños ambientales durante la operación de campos petroleros. Es un precedente importante y un mensaje a los inversionistas para que operen sus explotaciones de manera responsable”.

Debido a eso, el país pudo reducir USD 96,2 millones de los montos reclamados por Perenco y Burlington.

Íñigo Salvador, procurador general del Estado, expresó ayer, 2 de junio del 2021, que esta entidad y el Ministerio de Economía se han puesto ya en contacto con los abogados de Perenco, para proponer un plan de pagos.

Ecuador debe cancelar la indemnización a la firma francesa en un plazo de 60 días.

“Confiamos en que la compañía francesa considere la difícil situación de las finanzas del Estado, que se ha agravado por la pandemia”, señaló Salvador.

Y, dijo que sería terrible que, en estos momentos, en que el país enfoca todos sus esfuerzos en la reactivación económica y en vacunación, el Fisco tenga que dedicar casi USD 400 millones a otros temas.

El funcionario mencionó que la Procuraduría ejercerá el derecho de repetición para determinar las responsabilidades de los funcionarios que propusieron y aprobaron la Ley 42; y emitieron el Decreto 662. Esta acción busca resarcir el perjuicio causado al Estado.

Salvador añadió que en 15 días enviará a la Asamblea una Ley para que este proceso sea más eficiente. “La lección que nos deja este caso es que no es un buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas”, mencionó el Procurador.

El Gobierno anterior respondía a las críticas a decisiones de política petrolera como estas, señalando que el perjuicio de los arbitrajes era menor al beneficio de haber asumido el 100% de las operaciones de esos bloques petroleros.

Aunque eso puede ser así, según Galindo, el error fue no generar un fondo de contingencia para afrontar en el futuro los eventuales pagos. “Todo se gastó”, indicó.

El catedrático consideró, además, que la imagen del país se perjudicó, pues tras la aprobación de la Ley 42 y del Decreto 662, la inversión extranjera en el sector petrolero prácticamente desapareció.

Luis Calero, experto petrolero, cree que el Decreto 662 fue una estrategia para forzar a las compañías a migrar a nuevos contratos y que, al final, resultaron más favorables a sus intereses. Por ejemplo, en los nuevos convenios no contemplaban el 99%, se les amplió el plazo de los contratos, se les garantizó una tarifa fija y “las compañías se quedaron”.