Los chanchullos de Marine Le Pen en la UE: una práctica extendida, aunque no con la magnitud del partido ultra francés

La fulminante inhabilitación política de Marine Le Pen por malversación de fondos públicos del Parlamento Europeo ha provocado una oleada de indignación entre líderes ultras de Europa y más allá. Desde Viktor Orbán o Santiago Abascal, a la Rusia de Vladímir Putin o los Estados Unidos de Donald Trump, todos parecen haber encontrado en la líder del Reagrupamiento Nacional a una mártir ideal de la “izquierda radical” de Europa, como la calificó el magnate de X, Elon Musk, otro que corrió a denunciar su condena.

Los hechos que han provocado la severa pena a Le Pen, el pago de asistentes parlamentarios en Bruselas que en realidad trabajaban para la maquinaria del Reagrupamiento Nacional (RN) en Francia, no son una práctica fraudulenta exclusiva de un arco político o un país. Desde hace años, políticos de todo signo y de diversos Estados miembros han sido investigados —y condenados— por malversar fondos europeos para usarlos en campañas nacionales.

“La acusación de que solo se investiga a un espectro político no es cierta”, subrayan fuentes de la Oficina Europea Antifraude (OLAF, por su siglas en inglés), que es la que, una vez recibida la denuncia de un fraude con fondos europeos, inicia las investigaciones y decide si hay caso, que procede entonces a traspasar a la justicia nacional de la persona investigada.

En Francia, las críticas, aunque más moderadas, no surgieron solo de entre las fuerzas de derecha o extrema derecha: tanto el actual primer ministro, el centrista François Bayrou, como el líder de la izquierda radical Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, han cuestionado la severidad de una pena que frena en seco, al menos por el momento, la carrera presidencial de la política ultra y favorita hasta ahora en las encuestas de cara a los comicios de 2027.

Críticas de Bayrou y Mélenchon

Ambos están o han estado también bajo la lupa de la justicia por hechos similares a los de Le Pen. Bayrou ya tuvo que pagar un alto precio político por el mismo escándalo que ahora sacude los cimientos del RN: en la primavera de 2017, el dirigente de la formación moderada MoDem entró en el primer gabinete de Emmanuel Macron como ministro de Justicia. Pocas semanas después, se vio obligado a presentar su dimisión, al igual que otras dos ministras de su formación, Sylvie Goulard (Defensa) y Marielle de Sarnez (Asuntos Europeos, fallecida en 2021), después de que la Fiscalía de París anunciara una investigación contra ellos por presuntamente pagar a colaboradores del partido centrista en Francia con fondos del Parlamento Europeo destinados a los asistentes de los eurodiputados.

Esta sospecha también le acabaría costando a Goulard el puesto de comisaria europea para el que fue candidata en 2019. El año pasado, la justicia francesa absolvió finalmente a Bayrou, años después de haber sobreseído el caso de Goulard. Pero las heridas siguen abiertas. Tras conocer la condena de Le Pen, el hoy primer ministro se declaró preocupado. Mélenchon sigue siendo investigado.

Y es que los chanchullos con fondos europeos —además de escándalos de pagos por cabildeo, como el Qatargate o la investigación ahora abierta contra Huawei, y un nepotismo descarado en prácticamente todos los niveles del hemiciclo— están más extendidos de lo que le gusta admitir a una Eurocámara incapaz, hasta ahora, de poner freno a estas prácticas.

Sobre todo para partidos pequeños con mayores problemas de financiación (o, como en el caso del RN, con dificultades para encontrar un banco que les fiara, lo que también le hizo en su momento mirar a Rusia), los fondos europeos, con miles de euros puestos a disposición de los eurodiputados —más allá de su generoso salario— para dietas y para contratar oficinas y a personal asistente, entre otros, pueden resultar una tentación para cuadrar las maltrechas finanzas internas o impulsar sus campañas en territorio nacional.

La única diferencia de este caso, apunta Nick Aiossa, de la oficina en Bruselas de Transparencia Internacional, es “el descarado alcance de la trama de malversación” —el tribunal que condenó a Le Pen y a otros 23 miembros de su partido estimó el daño total en 4,1 millones de euros — y que, en esta ocasión, “al final del proceso hubo justicia y rendición de cuentas”. Diversas fuentes coinciden en que el caso del RN de Le Pen es el más grave de fraude en la historia del Parlamento Europeo. Aunque, insisten, no es el único.

Dado que este tipo de investigaciones pueden durar años —Le Pen ha estado investigada más de una década y las pesquisas sobre Mélenchon, iniciadas en 2017, siguen abiertas—, es difícil calcular el número de casos bajo la mira judicial. Pero sí hay constancia de investigaciones similares realizadas, además de en Francia, en Italia, Polonia y el Reino Unido antes del Brexit. Una de las condenas más duras hasta la recibida ahora por Le Pen —quien además de cinco años de inhabilitación política ha recibido cuatro años de cárcel, dos de ellos firme— es la del antiguo eurodiputado británico Ashley Mote. El político, del antiguo partido UKIP del populista Nigel Farage, otro de los que ahora han corrido a apoyar a la ultra francesa, fue hallado culpable de haber reclamado fraudulentamente casi 500.000 libras (588.000 euros) en gastos del Parlamento Europeo.

Estos casos no siempre acaban en la cárcel. En España, uno de los más notorios es el del exeurodiputado (1999-2004) de Batasuna Koldo Gorostiaga. En marzo de 2002, la policía francesa detuvo al tesorero y el informático de Batasuna en una población próxima a la frontera entre Francia y Bélgica con más de 200.000 euros en efectivo. Un dinero que, según dijeron, había sido facilitado por Gorostiaga con el objetivo de financiar las actividades habituales de su partido político. En 2009, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) obligó al antiguo eurodiputado a devolver a la Eurocámara 118.360 euros en concepto de gastos y dietas parlamentarias no justificadas.