Otto Vera y Tito Tomalá, entre los candidatos a la Asamblea por Santa Elena que enfrentaron a la justicia por supuestos sobrecostos y lesiones en accidentes de tránsito
RADIO ANTENA PENINSULA
Febrero 3, 2025
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Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. EL UNIVERSO y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
Nueve de los 76 candidatos a asambleísta por Santa Elena enfrentaron a la justicia penal, según los archivos de la Función Judicial, en donde reposan 33 procesos. De estas causas, 19 fueron dirigidas en contra de un exvicepresidente de la Asamblea Nacional.
Entre los casos revisados hay denuncias por presunta falsificación de documentos, asociación ilícita, calumnia, lesión, entre otras. La mayoría de los procesos penales revisados, 28 fueron archivados por falta de evidencias, otros dos prescribieron y en tres se ratificó la inocencia de los acusados.
Otto Vera Palacios, candidato a la reelección, llegó a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional el año pasado gracias a un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, al que pertenece, y los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC). También recibió respaldo de Pachakutik y un grupo de independientes. En su momento, Vera negó ante la prensa que existiera un pacto.
Él, quien también es exalcalde de Santa Elena, enfrentó 19 procesos penales, que incluyen denuncias por contrataciones públicas, adquisiciones municipales y supuestos sobrecostos. Todas las causas fueron archivadas.
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Una de las acusaciones más relevantes fue la del caso 24100202200016G, por la presunta contratación de bienes y servicios durante la pandemia en el año 2020. Ese año, Vera era alcalde y se acusó a su administración de omitir procesos de transparencia al no publicar documentación pública. En este proceso se analizaron 21 contratos ejecutados y solo seis tenían información disponible. Pese a estas denuncias, la Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para configurar un delito.
Derivados de la gestión de recursos en la pandemia, Vera enfrentó otros dos procesos penales por presunto sobrecosto en la adquisición de insumos médicos. Sin embargo, estos casos, al igual que el anterior, fueron archivados en 2022.
En 2023, Vera fue denunciado catorce veces por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión como alcalde. Las acusaciones incluían supuestos sobreprecios en proyectos de infraestructura, falta de transparencia en adquisiciones municipales y omisiones en la supervisión de obras. La Fiscalía investigó cada caso y determinó el archivo al no encontrar pruebas suficientes para formular cargos.
Este equipo periodístico intentó comunicarse con Vera a través de llamadas y mensajes, pero no hubo respuesta.
Otro caso es el de Omar Toledo Floreano, de Democracia Sí, quien fue denunciado seis veces por calumnia y daño moral. Toledo indicó que las acciones en su contra se dieron por exponer a través de redes sociales y la prensa casos de corrupción por mal manejo de fondos públicos.
Él difunde información por su canal de Facebook Toledito TV y el periódico El Observador. En todos los procesos fue declarado inocente o los casos fueron archivados. Al respecto, el candidato alegó que en su provincia “la verdad incomoda a algunos”.
Patricio Cisneros Granizo, del movimiento peninsular Creyendo en Nuestra Gente, fue acusado en 2014 de colusión junto con otros funcionarios del Municipio de La Libertad, incluyendo el entonces alcalde Antonio Espinoza. En los archivos del proceso 24331201402988 no se detallan las motivaciones o pruebas de la denuncia, o los supuestos actos colusorios.
El proceso prescribió en 2015. Consultado sobre este tema, Cisneros indicó que los acusados eran funcionarios de una administración diferente a la suya. “Creería que estuvo mal planteado al poner mi nombre. No recuerdo”, dijo.
Otro caso es el del candidato Leonardo Murillo Caicedo, de Pueblo Igualdad y Democracia (PID). Él fue procesado por asociación ilícita en diciembre de 2015, cuando era un militar de las Fuerzas Armadas.
Fue detenido por policías que aseguraron que él declaró estar en medio de un operativo de control de minería ilegal y que estaba en una operación de inteligencia, lo cual fue desmentido por sus superiores.
Aunque inicialmente se dictaron medidas en su contra, el caso avanzó hasta la tercera instancia en casación. En diciembre de 2019, se ratificó su inocencia tras no encontrar pruebas suficientes que confirmaran los cargos, concluyendo definitivamente su proceso. Para este reportaje se buscó la versión de Murillo por correo y mensajes, pero no respondió.
En 2015, Gilberto Pino Herrera, de Acción Democrática Nacional (ADN), fue acusado de estafa. En julio de 2016, el juez dictó un auto de sobreseimiento, pero el caso fue apelado y anulado parcialmente. Finalmente, fue archivado en 2017 por falta de pruebas y errores procesales.
El médico Tito Tomalá Pantaleón, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), e Iván Floreano Apolinario, de Construye, enfrentaron por separado denuncias por lesiones en accidentes de tránsito, en 2022. En ambos casos, la Fiscalía calificó las aprehensiones como flagrantes, pero no encontró pruebas suficientes y se archivaron las investigaciones preliminares.
Además, Tomalá, quien protagonizó un escándalo en un programa de televisión al increpar a Carla Sala por ser bailarina, habría enfrentado denuncias por presunta mala práctica médica en Chile, según varios medios de comunicación.
En 2018, Ivette Yagual González, del Partido Unidad Popular (UP), fue acusada de falsificación y uso de documento falso. La Fiscalía no logró reunir elementos suficientes durante la investigación previa que se extendió por más de dos años. En marzo de 2020 el caso fue archivado.
César Palacios Alejandro, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), enfrentó una querella por injuria en 2013. El proceso no prosperó por falta de pruebas y prescribió en 2015.
Más de la mitad no ha ocupado cargos públicos
Según registros de la Contraloría, 34 de los 76 candidatos a asambleístas por Santa Elena han ocupado cargos en el sector público. En el movimiento Revolución Ciudadana (RC) todos los postulantes tienen ese tipo de experiencia laboral. En contraste, en el Partido Sociedad Patriótica (PSP) ninguno ha desempeñado funciones públicas.
Cuatro candidatos buscan la reelección como asambleístas: César Palacios (RC), Patricio Cisneros (Creyendo en Nuestra Gente), Otto Vera y Ronny García, ambos de la Alianza Únete Santa Elena, lista 6-100. Además, Melina Villacrés (Avanza), quien fue asesora legislativa en 2024, ahora busca una curul.
Patrimonio
En las declaraciones patrimoniales hay algunos casos llamativos. Patricio Cisneros registró un patrimonio de 314.913 dólares en 2018, cuando terminó su periodo como prefecto de Santa Elena. Y se incrementó a 525.206 dólares, en 2023, cuando se estrenó como asambleísta tras la muerte cruzada.
Asimismo, Luis Mauret León (Amigo) pasó del déficit de menos 8 dólares en 2019 a declarar un patrimonio de 117.859 dólares en 2023, como subgerente de Infraestructura de BanEcuador.
Por otro lado, cinco candidatos han declarado tener cero dólares de patrimonio, sin ningún tipo de bien ni de deuda, a pesar de haber tenido funciones en el sector público. Ellos son José Luis Mejía Salinas (Construye), Lourdes González Castañeda (Pachakutik), Jefferson Parra Sorroza (Creyendo en Nuestra Gente), Jonathan Borbor de la Cruz (RC) y Roberto Macías Neira (Súmate a la Transformación).
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Respecto a las obligaciones tributarias, 25 candidatos no han presentado al menos una declaración del impuesto a la renta (IR) entre 2017 y 2023, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI). Entre ellos destacan Luis Del Pezo Pereira (Avanza), quien no presentó declaraciones entre 2020 y 2023, y Fanny Tomalá Pantaleón (PSE), hermana del doctor Tito Tomalá, quien no lo hizo entre 2018 y 2021.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Adicionalmente, dos candidatos de esta provincia mantienen deudas firmes con el SRI por montos menores a los $ 60.
Un total de 76 candidatos compiten por las cuatro curules disponibles en la Asamblea Nacional para esta provincia. Cada uno de los 19 movimientos y partidos políticos presenta cuatro aspirantes para persuadir a los 280.163 votantes de una provincia donde el 47,30 % de la población vive en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas y cerca del 70 % trabaja en el sector informal, según datos del INEC.
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