Esposos acusados de presunta estafa y joven condenado por tráfico de drogas, entre los candidatos a la Asamblea por la circunscripción 4 de Guayas
RADIO ANTENA PENINSULA
Febrero 3, 2025
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Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. EL UNIVERSO y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
El camino hacia la Asamblea Nacional tiene claroscuros en el distrito 4 de Guayas, donde se escogerá a seis asambleístas. Un análisis detallado de los datos públicos revela que 15 de los 90 candidatos de esa zona han acumulado procesos penales. Varios casos han sido archivados y hay inocencias ratificadas. Entre los cargos más graves figuran peculado, estafa, tráfico de drogas y falsificación de firmas.
También hay vacíos en el cumplimiento tributario de los candidatos. De los 90, 24 no han presentado todas sus declaraciones de impuesto a la renta, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), y cuatro han declarado este tributo en cero dólares, los últimos años. Esto también contrasta con los patrimonios abultados de varios aspirantes, que en ciertos casos han pasado de cinco a seis cifras en cuestión de pocos años.
Los procesos penales no son exclusivos de una tienda política. SUMA (lista 23) tiene tres candidatos con este tipo de antecedentes. Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), Centro Democrático (CD, lista 1), Pachakutik (lista 18), el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17) y Unidad Popular (UP, lista 2) tienen dos cada uno.
También están Construye (lista 25), Democracia Sí (lista 20) y el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG, lista 6-75), cada uno con un candidato en esta situación, según los registros disponibles de la Función Judicial.
En el conjunto de presuntos delitos constan tres procesos por estafa, dos por calumnia, dos por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad, dos por paralización de un servicio público, uno por tráfico de drogas, uno por destrucción de bienes del patrimonio cultural, uno por peculado, uno por ataque o resistencia, uno por falsificación de firmas y uno por tenencia y porte de armas. De estos, siete fueron archivados tras la investigación previa.
Cinco casos son los más llamativos: un sentenciado por tráfico de drogas, una pareja de esposos investigados por presunta estafa, un exalcalde que fue acusado de daño a un bien patrimonial y un postulante que ha sido señalado de falsificar firmas.
Tráfico de drogas
Willian Angulo Araujo busca un puesto en la Asamblea por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE, lista 17). Fue condenado a tres años de cárcel tras haber sido hallado culpable en el grado de autor directo del delito de tráfico ilícito de drogas.
Angulo fue hallado con 29 sobres de cocaína el 10 de enero de 2018. Sin embargo, fue beneficiado con una suspensión condicional de la pena por doce meses, el 2 de mayo de ese año. La medida fue concedida por el juez Ricardo Ramos, quien dispuso que Angulo se abstuviera de frecuentar centros nocturnos de concurrencia masiva, centros educativos, no saliera del país sin previa autorización; además de presentarse periódicamente ante él.
El candidato tiene otra sentencia previa a un año de cárcel por no acatar sentencia judicial, porque fue hallado en la casa de su pareja, de quien tenía orden de alejamiento.
Fundamedios contactó a Angulo, pero no respondió al pedido de entrevista.
Esposos sortean acusación de estafa
Las candidaturas de los esposos Héctor Rodríguez Cabrera y Sara López Hungría son auspiciadas por el movimiento Centro Democrático (lista 1), del presidenciable Jimmy Jairala. De acuerdo con el proceso judicial –en el que se investiga una presunta estafa– estaba previsto que la audiencia de juzgamiento se realice el lunes 6 de enero, cuando los denunciados ya estaban en plena campaña. Sin embargo, el fiscal del caso, Nelson Vela, se excusó por un problema de salud.
El proceso se inició el 28 de noviembre de 2018 y la audiencia de formulación de cargos fue el 26 de marzo de 2019. Ahí la jueza Gladys Perea ordenó el inicio de la instrucción fiscal por pedido del fiscal Juan Carlos Iturralde. El denunciante aseguró que los esposos le hablaron “de MY TRADER COIN, una plataforma donde se invierte dinero”; y que el 19 de junio de 2017, él les entregó 5.000 dólares, a manera de inversión, con la promesa de que recibiría ganancias diarias por 12 dólares.
Sin embargo, el denunciante dijo que, pese a que en la plataforma se veía el monto acumulado, nunca pudo sacar ni el monto entregado ni las supuestas ganancias.
Durante el proceso, Christian Cevallos, abogado de los sospechosos, aseguró que sus clientes sí cancelaron los valores. Fundamedios intentó comunicarse con los aludidos, a través de los correos electrónicos que constan en el proceso judicial, pero no hubo respuesta. Al cierre de esta nota, el Tribunal Penal no había definido una nueva fecha para el juicio. Tampoco se ha hecho mención en el expediente de que los procesados son candidatos.
Enrique Guerrero, secretario general de Centro Democrático, se sorprendió al enterarse de este caso, aunque asegura que el proceso de selección de candidatos fue transparente, público y que sí revisaron los datos de los postulantes. “Para mí es nuevo. Si bien se hizo la confirmación, las sentencias no estaban ejecutoriadas. Yo puedo tener una denuncia o una investigación, pero eso no da impedimento”, dijo Guerrero.
Supuesto traspaso de acciones sin consentimiento
En otro caso está implicado Víctor Morán Andrade, de Construye, junto con otras tres personas (entre ellas una notaria). El denunciante los señala como sospechosos de traspasar acciones de una empresa sin su consentimiento, a través de una organización delictiva.
La denuncia data de 2010 y el registro judicial digital es breve, pero arroja un dato relevante: la Fiscalía pidió, el 1 de octubre de 2024, el archivo de esa causa, que se sigue por presunta asociación ilícita. Es decir, el archivo se pidió justo en la época en que Morán era inscrito como candidato.
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“La víctima empezó a revisar el estado de las participaciones que la compañía Inmobiliaria Central S. A. tenía en la Hotelera El Ejecutivo C. Ltda. y se encontró con la sorpresa de que fueron transferidas sin su consentimiento”, se lee en el proceso. La Fiscalía solicitó el archivo argumentando falta de “indicios fundamentales”.
Hasta el cierre de esta nota aún no constaba algún auto relacionado con el trámite del archivo. También está pendiente una respuesta de Morán ante un pedido de entrevista de este equipo periodístico.
Denuncia contra exalcalde de Milagro
Otro caso es el de José Asán Wonsang, alcalde de Milagro entre 2005-2014 y 2019-2023, que hoy busca una curul por SUMA, lista 23. Sobre él pesa la denuncia de un ciudadano por destrucción de bienes del patrimonio cultural.
El expediente de la investigación previa lo conoció la presidencia de la Corte del Guayas, cuando la titular era Fabiola Gallardo (actualmente involucrada en el caso Purga).
La entonces fiscal provincial Yanina Villagómez, quien también enfrenta acusaciones por el caso Purga, pidió el 2 de enero de 2024 que se convocara a la audiencia de formulación de cargos. Nueve días después dijo que, por un lapsus involuntario, no se notificaron acciones de la Fiscalía a las partes y que, para salvaguardar el debido proceso, se dejara sin efecto la convocatoria de dicha audiencia.
El 19 de febrero de 2024, el juez ponente, Hugo González, concedió el pedido de Villagómez y dejó sin efecto la audiencia de formulación de cargos.
Asán asegura que en 2014, durante su administración, se decidió derrocar un edificio que estaba atrás del Municipio de Milagro, para evitar un accidente, ya que se estaba “cayendo a pedazos”. Este es el origen del proceso, cuya fecha de ingreso al sistema judicial data del 3 de enero de 2024, es decir, unos diez años después, según los datos de la plataforma digital del Consejo de la Judicatura.
“Se convirtió en un peligro para la ciudadanía. Nosotros le pedimos al Instituto de Patrimonio que viniera a desvincular algunos predios que ellos habían declarado patrimoniales en el gobierno de (Rafael) Correa”, comentó Asán, quien asegura que no lo han citado por ese tema.
La función pública en el pasado de 43 candidatos
Esta investigación también identificó que 43 de los 90 aspirantes han ocupado cargos públicos. Los partidos con más funcionarios son ADN y SUMA, con cinco cada uno, seguidos por Amigo, la Revolución Ciudadana, y la alianza PSC-MG, con cuatro cada uno. Pachakutik, Sociedad Patriótica y Unidad Popular también tienen una representación significativa, mientras que CREO, RETO y otras organizaciones cuentan con menos representantes.
Y entre los cuadros que han ocupado un cargo público reciente están los cuatro asambleístas que buscan la reelección: Francisco Cevallos Macías y Marjorie Rosado Sánchez (ADN), Ana María Raffo Guevara (RC) y Nelly Plúas Arias (PSC-MG).
También hay quienes han amasado patrimonios de seis cifras; incluso, algunos superan el millón de dólares.
Por ejemplo, Fricson George Tenorio, quien destacó como futbolista en Barcelona Sporting Club, registraba 400.000 dólares de patrimonio en 2014, cuando ocupaba el cargo de concejal de Daule. Seis años después, en 2023, ese monto escaló a 712.000 dólares. En ese año ostentaba la función de subdirector de Desarrollo Recreacional en el Municipio dauleño.
Francisco León Flores, quien fue alcalde de Salitre entre 2014 y 2019, tenía un patrimonio de 66.000 dólares. Dos años después fue elegido asambleísta nacional y su periodo terminó con la muerte cruzada en mayo de 2023. Al dejar ese cargo, su patrimonio había subido a 436.000 dólares.
La exprefecta del Guayas Susana González Rosado contaba con 1,2 millones de dólares cuando llegó a una de las concejalías de Guayaquil, en 2014. Luego buscó la Viceprefectura junto con Carlos Luis Morales, quien falleció. González suplió a Morales y, al final del mandato provincial, en 2023, su patrimonio era de 1,3 millones de dólares.
Nelly Plúas Arias, quien ocupó el cargo de asambleísta provincial desde mayo 2021 hasta ahora (está con licencia por campaña), presentó un patrimonio de 2,7 millones de dólares en mayo de 2023. En septiembre pasado, cuando declaró su patrimonio por un cargo de docente ocasional en la Universidad de Guayaquil, su patrimonio se había reducido a 2,4 millones de dólares.
Cuestión de impuestos
El pago de impuestos es opaco en algunos candidatos. De acuerdo con el registro del SRI, 24 no han presentado las declaraciones de impuesto a la renta en todos los años. La organización política con más candidatos en esta situación es ADN, con cuatro postulantes.
El candidato que más declaraciones pendientes tiene es José Crespín Pacheco (CREO), con seis. Le siguen Ana Carrera Ramírez (ADN), Yolanda Vera Rivas (PSE), Isabel Alarcón Tello (Democracia Sí), Williams Sarzosa Naranjo (UP) y Jackson Ronquillo Frías (PSC-MG), con cuatro declaraciones no presentadas.
El SRI señala en su página web que están exentos de presentar declaración los contribuyentes domiciliados en el exterior y aquellos cuyos ingresos fueron demasiado bajos.
Además, hay cuatro candidatos que siempre han declarado cero dólares de impuesto a la renta, desde el 2017. Es el caso de Máxima Bravo Vargas (PSC-MG), quien ha sido asistente legal del Municipio de El Triunfo en los últimos tres años. También el de Lucy Yépez Goya (CREO), quien ha tenido varios cargos públicos, como asistente del Municipio de El Triunfo, responsable de Logística del Cuerpo de Bomberos de ese mismo cantón y jefa política de la Gobernación del Guayas. Otra candidata es María Esmeraldas Oramas (Amigo), una docente pública con casi 40 años de experiencia. Completa esta lista Luis Arteaga Ludeña (Construye), quien no registra cargos públicos.
Por último, cuatro candidatos han registrado deudas menores al SRI, que no superan los 120 dólares.
Para este reportaje se buscaron comentarios de ADN, Partido Socialista, Unidad Popular, Democracia Sí, entre otras tiendas políticas. Esta última organización, a través de su dirigente principal, Gustavo Larrea, justificó el hecho de que hagan falta declaraciones de impuestos de ciertos candidatos porque, dice, son personas “del pueblo, que no tienen muchos ingresos”. El resto de partidos o movimientos no contestó.
Guayas elegirá 24 legisladores provinciales, repartidos en cuatro circunscripciones. En la circunscripción 4 compiten catorce partidos y movimientos, así como la alianza PSC-MDG. (I)
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