PSC, Construye, RC y organizaciones sociales rechazan posible veto total a reformas judiciales

Las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Construye, Revolución Ciudadana (RC), tres legisladoras independientes y organizaciones sociales emitieron un comunicado, el martes 28 de mayo, en rechazo a la intención del presidente Daniel Noboa de vetar totalmente las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial. Argumentan que la objeción total sería perjudicial porque la norma contempla medidas para proteger a víctimas de violencia sexual.

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La semana pasada el mandatario anunció, mediante un video publicado en sus cuentas en redes sociales, que aplicaría veto total al proyecto de ley aprobado en la Asamblea Nacional, porque una reforma al artículo 258 del Código permite dar una licencia temporal sin sueldo a los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan que cumplir órdenes de prisión preventiva o arresto domiciliario.

La publicación del presidente estaba acompañada del mensaje: “Nueva alianza que busca impunidad. Revisa quiénes son, porque en el nuevo Ecuador no hay espacio para ellos”. Noboa no se pronunció sobre las demás reformas.

Con ese contexto, el comunicado de las bancadas legislativas y organizaciones contradice la apreciación del Gobierno en cuanto a que el cambio al artículo 258 del Código daría paso a la impunidad.

“Sorprende además, de sobremanera, que estas declaraciones vengan del Ejecutivo”, dice el texto de las agrupaciones políticas. Y añaden que la sorpresa es porque la cuestionada reforma fue apoyada por la asambleísta gobiernista María Fernanda Araujo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

“En su calidad de vicepresidenta de la Comisión de Justicia propuso un informe de minoría que contenía dicha reforma”, aclaran sobre el rol de Araujo y exigieron al jefe de Estado que se debe objetar toda la norma por un artículo en el que no se está de acuerdo.

Por otro lado, reivindican que no debe darse un veto total porque las reformas contienen “avances significativos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y niñas”.

Se crean judicaturas especializadas para juzgar los delitos contra la integridad sexual, con la finalidad de brindar una justicia restaurativa y expedita.

“Exigimos al Gobierno nacional actuar con responsabilidad frente a las mujeres y niñas. No se puede pretender vetar totalmente todo un proyecto de ley por un solo artículo que a su juicio supuestamente genera impunidad, pues constituiría dejar en indefensión a las víctimas de violencia sexual, impidiendo que se aplique una verdadera justicia que tutele sus derechos”, resalta el texto.

El documento está firmado por las asambleístas independientes Lucía Posso, María Erbs y Sofía Sánchez, así como por el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), la Fundación Contra la Violencia (Fucvi) y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres.

El proyecto de ley de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial fue aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional el 21 de mayo, con 92 votos a favor. La bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) no respaldó la iniciativa. (I)