Tribunal Anticorrupción instala el segundo día de audiencia de juicio en el caso Encuentro y Fiscalía continúa con la práctica de su prueba

Luego de una primera jornada de audiencia de juzgamiento dentro del caso Encuentro, que duró casi ocho horas y en la que participaron nueve testigos y dos peritos convocados por Fiscalía General, la mañana de este 24 de septiembre el presidente del Tribunal de Juicio, Víctor Barahona, instaló el segundo día de diligencia contra los acusados del delito de delincuencia organizada Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Antonio Clemente I. M., exgerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

El lunes 23 de septiembre último, en el Complejo Judicial Norte de Quito, los jueces Barahona (ponente), Kevin Cabezas y Consuelo Tapia, quienes integran la Sala Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, instalaron la audiencia de juicio contra Danilo Carrera y Antonio I., líder y colaborador, respectivamente, en una investigación por delincuencia organizada investigada por la agente fiscal Luzmila Lluglla.

En esta causa, la etapa de juzgamiento está suspendida para Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); los vistos por Fiscalía como operadores del empresario asesinado Rubén Cherres, Leonardo C. y Gabriel M.; y las empresarias que habrían sido supuestamente beneficiarias de contratos en el sector eléctrico, Karen C. y Ericka F.

Al encontrarse los cinco sospechosos prófugos de la justicia, y al no poder procesarlos en ausencia por el delito de delincuencia organizada, la etapa de juzgamiento queda interrumpida hasta que todos sean detenidos o se entreguen voluntariamente a la justicia.

Durante su alegato de inicio, la fiscal Lluglla afirmó que en la audiencia de juzgamiento demostrará que entre 2021 y 2023 se formó una red de corrupción supuestamente liderada por Carrera y Cherres, empresario contra quien se extinguió la acción penal por su fallecimiento.

La investigación de este caso señala que el objetivo de esta red era obtener beneficios económicos a través de la adjudicación de contratos con el Estado, con la colaboración de los procesados Luque Lecaro, Antonio I., Leonardo C., Gabriel M., Karen C. y Ericka F.

Según la Fiscalía, los líderes se habrían aprovechado de la designación de Hernán Luque Lecaro como director de la EMCO para nombrar a Antonio I. como gerente de CNEL. A su vez, Antonio I. habría influido en la adjudicación de contratos en el sector eléctrico, beneficiando a las procesadas Karen C. y Ericka F.

Además, sostuvo Lluglla, los supuestos líderes de la organización investigada habrían operado en otras empresas públicas, como BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas, colocando personas cercanas en puestos directivos para conseguir contratos.

En la primera jornada, con la participación de nueve testigos y dos peritos, la Fiscalía busca confirmar su tesis acusatoria.

Uno de los testigos que intervinieron fue el agente que elaboró el parte informativo sobre la noticia publicada en redes sociales, que expuso presuntos actos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso, lo que dio inicio a la investigación.

También se presentó un miembro de la Policía que corroboró que existieron comunicaciones telefónicas entre los presuntos líderes de la organización, números de teléfono que fueron confirmados gracias a la información emitida por entidades públicas y privadas.

Asimismo, se presentaron testigos que participaron en las interceptaciones telefónicas, las cuales revelaron conversaciones en las que se coordinaban presuntos actos ilícitos, incluyendo el supuesto ascenso irregular de un oficial de Policía identificado como Víctor A. (quien también rindió testimonio y manifestó haberse reunido dos veces con Danilo C. y Rubén Cherres), y el ingreso de personas en altos cargos de empresas estatales.

Alfonso Zambrano, abogado de Danilo Carrera (quien asiste de forma telemática), criticó que se mantenga a su cliente por casi siete meses en arresto domiciliario, el cual no es un trato ni benevolente ni generoso para una persona de 85 años que tiene problemas de salud.

“Se ha pedido que se revean las medidas sustitutivas con la finalidad de que se revoque un arresto domiciliario que no cumple estándares. Qué riesgo de fuga puede haber en una persona de 85 años, qué riesgo que obstaculice la investigación, ya ninguna, la investigación terminó. Sigue siendo injusto e inconstitucional que hasta este momento no se resuelva lo que hemos seguido pidiendo: que se revoque el arresto domiciliario. Esperemos que la audiencia se dé y que se actúe con objetividad”, anotó Zambrano.

Añadió que la Fiscalía no tiene ni una sola prueba que demuestre la culpabilidad o responsabilidad de Carrera en la red de corrupción que se ha indagado. (I)