Caso Nene: Fiscalía asegura que Francisco Sebastián B. A. participó en la colocación de un funcionario en la Vicepresidencia de la República
Casi tres horas de audiencia le sirvieron a la jueza María Fernanda Castro, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, para decidir el inicio de una instrucción fiscal de 90 días por el delito de oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República contra Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. Contra él se ordenó prisión preventiva en calidad de autor directo del delito investigado.
Durante una audiencia que duró entre la noche del jueves 21 y la madrugada de este viernes 22 de marzo, el fiscal Carlos Leonardo Alarcón formuló cargos en calidad de autor directo contra Francisco Sebastián B. A., quien fue detenido en la mañana del jueves último en su oficina de abogados localizada en el Centro Histórico de Cuenca. En esa ciudad, la Policía y la Fiscalía realizaron otro allanamiento, al igual que en Quito, todo bajo el caso al que se le denominaba Nene.
Antes de ser ingresado en el patrullero de la Policía bajo un estricto esquema de seguridad, Francisco Sebastián B. A. dijo a varios medios que se encontraban en ese lugar, que “todo es político” y que prestará las facilidades para la investigación.
Publicidad
Para el fiscal Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, el caso no tenía que ver con política, sino con una alerta colocada por Romel P. en el buzón de denuncias de la Fiscalía contra el hoy procesado.
La teoría del caso señala que al denunciante aparentemente lo contactaron el hijo y un supuesto asesor de la vicepresidenta Abad, quien desde el 10 de diciembre de 2023 cumple funciones de embajadora de Ecuador en Tel Aviv, Israel. La idea era ofrecerle a Romel P. el cargo de coordinador de comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir debía entregarles a ellos $ 2.000.
En un tira y afloja, la negociaciones quedaron en que el hoy denunciante debía entregar a sus “contratantes” $ 1.500 y él podía mantener $ 1.700. Para asegurarse el pago mensual, quienes le ofrecieron el trabajo le hicieron firmar una letra por $ 30. 600 a Romel P., quien tuvo problemas para cubrir lo pactado para los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024.
Publicidad
Al quedarse el denunciante con poco dinero de su mensual pidió que se le acumulen las dos primeras letras para que las pague en febrero del 2024, pero eso no pudo ser porque antes le llegó a Romel L. la notificación de su desvinculación de la Vicepresidencia de la República. Con ese hecho, el en ese momento exfuncionario público exigió que se le entregue la letra de cambio, pero Francisco Sebastián B. A. no lo hizo, pues dijo que debía ser quemado ese documento.
Entre los elementos de convicción que aseguró tener el fiscal de la causa estaría una fotografía de la letra de cambio en cuestión e incluso audios y videos que corroboran la denuncia que mantiene Romel P., respecto a quien la Fiscalía solicitó medidas de protección.
Publicidad
No se conoce aún a qué Centro de Privación de la LIbertad (CPL) será llevado el abogado de profesión para que cumpla su orden de prisión preventiva. La jueza Castro dejó esa decisión en manos de quienes hacen el Servicio nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Al momento el investigado se mantiene en el Área de Aseguramiento de la Unidad de Flagrancia, localizada al norte de Quito.
Pasada la 01:20 de este viernes 22 de marzo concluyó la audiencia que se instaló casi a las 22:30 del jueves último.
Hasta el momento no se ha pronunciado la vicepresidenta Abad, la Vicepresidencia de la República o el presidente de la República, Daniel Noboa. En cambio desde la Asamblea Nacional varios de sus integrantes han señalado que esperarán a saber los cargos que mantienen la Fiscalía en este caso para poder emitir un criterio sobre si es necesario o no llamar a que comparezca en el pleno del Legislativo o ante alguna Comisión Especializada Verónica Abad.
Desde el Ministerio de Gobierno se indicó, mediante su cuenta institucional de la red social X, este Gobierno, a través de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, “está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito, y apoya la persecución de todo acto de corrupción por lo que mantiene una coordinación y trabajo articulado con este propósito, demostrando cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga”.
Publicidad
Previo a la diligencia realizada en el Complejo Judidial Norte, en Quito, se observó un gran movimiento de personal de seguridad en los exteriores del lugar y también en el ingreso de la sala de audiencias. Ahí se ubicaron agentes policiales para realizar una revisión a todo aquel que prtendía ingresar al lugar en donde se encontraba sentado Francisco Sebastián B. A., incluso fue visto personal con chaquetas que decían seguridad presidencial. (I)
Comments (0)