‘La facilidad de acceso a las armas impulsa la violencia armada’: los casos de tráfico ilícito de armas pasaron de 230 a 731 en Ecuador en tres años recientes

En Ecuador se convive con una espiral de violencia generada sobre todo por la disputa de bandas de delincuencia organizada y aquello ha estado acompañado de un alza progresiva de los decomisos de armas ilícitas.

Solo entre enero y abril de este año se han registrado 3.084 homicidios intencionales, que en un 94 % se atribuyen por parte de autoridades a la violencia criminal. Esta, según el Gobierno, responde a lógicas delictivas complejas, sistemáticas y organizadas con capacidad armamentística para generar violencia.

De acuerdo con la Policía, las zonas críticas de homicidios intencionales se ubican sobre todo en las provincias costeras de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro.

Justamente a estas provincias se las considera corredores estratégicos de narcotráfico, contrabando, tráfico de armas y rutas marítimas de exportación ilícita, de acuerdo con el Gobierno.

En Guayas, por ejemplo, al menos once estructuras criminales diferentes operan con un nivel de impacto “crítico” por la convergencia de múltiples economías ilícitas derivadas de narcotráfico, contrabando, delitos en espacios acuáticos y tráfico de armas.

En este primer trimestre del 2025, las fuerzas del orden han continuado con operativos para tratar de golpear a las estructuras. Han incautado 2.714 armas.

Entre 2017 y 2024 los decomisos de armas se han duplicado. En 2017 se incautaron 4.915 armas, mientras que para el 2024 fueron 10.651, según datos del Ministerio del Interior.

En el 2024, en provincias del perfil costero se dividieron los decomisos de la siguiente manera: en Guayas hubo 3.284 armas incautadas, en Los Ríos 1.181, en Manabí 1.196, en Esmeraldas 838 y en El Oro 973.

Por el tipo de arma se ha identificado una prevalencia de pistolas (32,5 %), revólveres (26,4 %), escopetas (14,5 %), cartucheras (9,5 %), carabinas (6,8 %) y otras (10,2 %).

Según su fabricación, estas en su mayoría son de origen artesanal, en un 54,5 %, y las importadas, en un porcentaje del 45,5 %.

En recientes años, en varios hechos violentos se ha evidenciado el uso de armamento de grueso calibre e incluso el uso irregular de vestimentas alusivas a las fuerzas del orden.

Según Fiscalía, con base en un informe de Amnistía Internacional, la facilidad de acceso a las armas, de forma legal e irregular, impulsa la violencia armada.

En el país, según la entidad, justamente se registra un aumento de violencia alarmante impulsado por enfrentamientos de grupos criminales, uso de armas para control territorial y reclutamiento y expansión del narcotráfico, y otros delitos transnacionales con apoyo de tráfico de armas.

Solo en Ecuador, las noticias del delito por tráfico ilícito de armas, es decir, todas las formas en que se conoce una infracción penal, han aumentado desde 2022, según datos de la Fiscalía General del Estado.

En 2022 hubo 230 casos relacionado con el delito, mientras que en 2023 subió a 333, y el 2024 siguió en escalada a 731. Es decir, en tres años hubo un aumento del 217,83 %.

En ese contexto, además, el 82,6 % de los homicidios intencionales entre 2020 y enero de 2025 fueron cometidos con armas de fuego.

El Observatorio Ciudadano de Seguridad ha expuesto que solo en 2024, con base en las cifras gubernamentales, en el 84,8 % de los casos se usaron armas de fuego. Mientras, en el 8,5 % se utilizó arma blanca y en el resto se evidenció el uso de otros tipos de armas contundentes.

En ese sentido, referente al uso ilegal de armas, Guayas es la provincia más afectada, seguida de Manabí, El Oro, Esmeraldas y Los Ríos, de acuerdo con Fiscalía.

Para expertos en seguridad, los grupos de delincuencia organizada buscan reforzar sus actividades en zonas donde buscan tomar poder para cometer actos ilícitos, como narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando y otros.

Para ello, los delincuentes emplean distintas rutas, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, incluso enviando los componentes de armas por encomiendas.

En esa lucha contra los grupos delictivos, expertos sugirieron el empleo de ajustes legales para sancionar a quienes incurren en estos delitos y además solventar ciertos “vacíos legales” por los que a las pocas horas los sospechosos quedan en libertad.

Ante ello, el observatorio planteó la necesidad urgente de estrategias enfocadas en regulación y control de armas en el territorio nacional.

Willian Salazar, jefe encargado de la Policía Nacional en el distrito Manta, indicó que el poder económico de las organizaciones delictivas les permite tener armas sofisticadas; incluso ya se ha hecho público que carteles internacionales financian a grupos delictivos en Ecuador.

“Sabemos que las armas ingresan de Perú, Colombia y son usadas en el país”, expresó.

El tráfico ilícito de armas de fuego se sanciona de acuerdo con el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que estipula sanciones de 16 a 19 años de cárcel, aunque con agravantes puede llegar a 22 e incluso 26 años, en caso de destinar a financiera o patrocinar la producción o distribución ilícita de armas, y si es para conflictos bélicos. (I)