TCE archivó denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa, este viernes conocerá otra en contra de la vicepresidenta

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió negar y archivar la denuncia que meses atrás presentó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, por presunta violencia política en contra del presidente de la República, Daniel Noboa Azín; la canciller, Gabriela Sommerfeld Rosero, el entonces viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres Cobo; y, la exasesora de Noboa, Diana Jácome Silva.

“En la denuncia analizada se observa que si bien es cierto las expresiones que se alegan como faltas fueron proferidas en contra de una mujer, no se puede constatar que las presuntas faltas se hayan cometido durante el proceso electoral o con motivo de este, por lo tanto, este juzgador estima innecesario verificar si las expresiones se efectuaron con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos”, recoge el fallo, emitido el 24 de diciembre.

En el mismo TCE, se escucharán este 27 de diciembre las pruebas de cargo y descargo en el marco de la denuncia que Jácome presentó contra Abad por presunta violencia política de género. La fecha coincide con el mismo día en que la vicepresidenta debe presentarse en Turquía por orden de Noboa, aunque su defensa ha manifestado que se acogerá a un plazo de 30 días.

En tanto, en su fallida denuncia Abad acusaba al jefe de Estado de haber “mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado”; a la canciller Gabriela Sommerfeld por haber mencionado que no es “agradecida” con Noboa por haberla enviado de embajadora.

A Torres por haber mencionado que sería “nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir las victorias que el Gobierno ha tenido”; y a Jácome por cuestionarla que “si asume el cargo de presidenta (…) hay muchos grupos políticos que están apoyándola (…), sabemos que hay reuniones y acuerdos entre ellos, y eso no lo vamos a permitir (…), tenemos identificados los respaldos y apoyos que tendría esa funcionaria (…), estás pensando en beneficio propio y en venganza (…), miren ustedes, ustedes son padres algunos, si tu hijo está preso tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder, lo dejo ahí para ustedes y para la audiencia”.

El pedido de la vicepresidenta era que se sancione a Noboa, Sommerfeld, Torres y Jácome por incurrir en una infracción electoral muy grave contemplada en el artículo 270 del Código de la Democracia, por violencia política, y los obligue a pagar una multa de 70 salarios y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.

Como causales apuntaba la amenaza o intimidación en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan, entre otras.

Denuncia de Jácome contra Abad

En el mismo TCE, la exasesora y candidata a asambleísta por el movimiento del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN) Diana Jácome denunció por violencia política de género a Abad.

La presidenta y jueza del Tribunal, Ivonne Coloma, quien analiza la denuncia, resolvió convocar a la audiencia de estrados para que las partes expongan sus pruebas de cargo y descargo. La diligencia está convocada para este 27 de diciembre de 2024 a las 11:00 en su sede en Quito.

El trámite es en primera instancia, por lo que Coloma estudiará las pruebas para emitir su fallo. Su sentencia podrá ser objeto de apelación, y es el pleno de jueces los que resuelven en última y definitiva instancia.

Otro caso que está en espera es la denuncia por precampaña o campaña electoral anticipada que lleva adelante el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Guarderas en contra de la vicepresidenta.

En primera instancia, la jueza Coloma sancionó a la segunda mandataria a pagar una multa por $ 8.500 por incurrir en una falta grave, por hacer precampaña cuando fue candidata a alcaldesa de Cuenca en las elecciones seccionales de febrero del 2023.

Tanto Guarderas como Abad apelaron y será el pleno del TCE el que se pronuncie en última instancia.

27 de diciembre vence plazo para que Abad vuelva a Turquía

Todas estas definiciones legales en el TCE ocurren en medio de la orden que le dio el presidente Noboa a Abad de trasladarse a Turquía hasta el 27 de diciembre para cumplir sus funciones como consejera temporal, pero su defensa aseguró que la segunda mandataria no se presentará en esta fecha y se acogerá al plazo de 30 días que establece la Ley Orgánica de Servicio Exterior para los funcionarios diplomáticos.

A través del Decreto 490, Noboa encargó a Abad la tarea de ser consejera temporal con funciones económicas en la Embajada del Ecuador en la República de Turquía, con sede en la ciudad de Ankara. Esto luego de que se levantó la suspensión de 150 días que pesaba sobre la vicepresidenta tras la imposición de un sumario administrativo por parte del Ministerio del Trabajo.

“Vamos a hacer nuestro traslado dentro de los 30 días que la ley nos permite. Cualquier acción venidera que pretenda volver a plantear un incumplimiento de función es ilegal”, aseguró Doménica Dávila, abogada de Abad, en entrevista con el medio radio Pichincha.

La jurista sustentó su postura apegándose al artículo 123 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, donde consta que, “dentro de los 30 días subsiguientes al recibo de la orden de rotación o traslado, el funcionario deberá viajar a la sede de su nuevo cargo”.

La defensora de Abad, en su exposición, se tomó el tiempo de señalar al actual Gobierno como “irrespetuoso” de la ley “por promulgar una cultura de incumplimiento de las normas”.

El pasado 23 de diciembre, la jueza de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia de Quito Nubia Vera acogió la acción de protección interpuesta por Verónica Abad. La decisión dejó sin efecto la suspensión, dispuesta por el Ministerio del Trabajo, contra la vicemandataria para ejercer su cargo por 150 días.

El ministro de Gobierno, José De la Gasca, tras lo dispuesto, ese mismo día se pronunció y aceptó la resolución judicial. De inmediato también se publicó el decreto que relevó de su cargo a la vicepresidenta encargada, Sariha Moya. Con eso vino añadida la nueva función que tendrá Abad fuera del país.

Por otro lado, Abad, quien se disponía a regresar a su despacho en Vicepresidencia, ubicado en Quito, se encontró con un edificio con las puertas cerradas y custodiado, evitando así su ingreso. (I)