2 358 trámites ambientales mineros están represados

Aunque Ecuador busca crear un mejor escenario para la atracción de inversiones en el sector minero, las demoras en la entrega de permisos siguen como una de las trabas para lograr ese objetivo.

El Gobierno planteó, a través del Decreto 151 que fue firmado el 5 de agosto, una nueva política minera que tiene como meta desarrollar una minería responsable, potenciar la inversión, erradicar la ilegalidad y, sobre todo, agilitar los procedimientos represados.

De hecho, se establece la elaboración de un plan de acción para que los trámites mineros no superen los tres meses.
Este, sin embargo, es un gran desafío si se considera que desde el 2010 hay procesos que no han podido destrabarse en el Ministerio de Ambiente.

Este momento existen 2 358 trámites pendientes entre licencias, mecanismos de control y registro de ‘scout drilling’ (servicio integral de perforación) ambientales.

Según la Cartera de Estado, el cierre del catastro minero en el 2018 hizo que el avance en la entrega de estos documentos se ralentice. El catastro se cerró hace tres años luego de un desborde de solicitudes que hizo que se supere la capacidad operativa de la ex Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental, dijo.
Pese a que no se ha reabierto el catastro, aún hay solicitudes de trámites en espera.

El cierre también impactó a los procedimientos del Ministerio de Energía, ya que se suspendieron los trámites para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

Según María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, la lentitud en los trámites burocráticos, por falta de personal operativo y poca celeridad, ha retrasado el ingreso de nuevas inversiones mineras.

“Se debe de trabajar para consolidar y recibir el interés de los inversionistas, además de dar seguridad con una normativa muy clara”, dijo.

Para Silva, la minería es un sector clave para la reactivación económica y que ha demostrado, desde el año anterior, que va en auge.

La actividad es también una de las apuestas del Gobierno para generar ingresos fiscales y atraer inversión. Según el presidente Guillermo Lasso, el país busca captar unos USD 2 500 millones de inversión.

En el primer semestre de 2021, se han exportado USD 705,5 millones, 185% más que en el primer semestre de 2020 y 500% más que el mismo período de 2019. Para 2021, se proyecta una exportación de USD 1 600 millones.

“No solamente depende de la industria minera, depende también de la seguridad jurídica, de la gestión del Estado ecuatoriano para impulsar, viabilizar, impulsar y dinamizar esta industria”, dijo Silva.

Energía citó que se han recibido cartas de interés para que el catastro minero se reabra y se pueda invertir más por parte de firmas extranjeras.

Actualmente, entre ambos ministerios se han planteado cronogramas de cumplimiento para la implementación de normativa y reformas a normas. Las Carteras aseguran que estas acciones están enfocadas en lograr una simplificación en los procesos existentes y un dinamismo en las actividades del sector productivo.

En 30 días, deberá emitirse un acuerdo Energía y Ambiente en donde se establezcan parámetros para una emisión más eficiente de las permisos ambientales y de agua.

La política minera incluye, además, la elaboración de una normativa para los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Otra acción es formalizar a los mineros artesanales. Sobre esto, el Ministerio de Energía dijo que tiene un avance del 50% en la identificación de trámites y permisos provisionales sin actos previos.

La Federación Nacional Shuar de Pastaza (Fenash) rechazó la política petrolera y minera que busca fortalecer desde el Gobierno y pidió derogar el Decreto 151. El argumento es que no se garantizan los derechos de la naturaleza ni de los pueblos ancestrales.