Carlos Vera Mora preside la comisión ocasional que tramitará las reformas de la consulta popular

La tarde del martes 21 de mayo se realizó la primera sesión de la comisión ocasional multipartidista de la Asamblea Nacional, que tramitará proyectos de ley para la implementación de la consulta popular. Durante la reunión se escogió como presidente de la mesa al asambleísta Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano (PSC).

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El legislador del PSC fue elegido por unanimidad. Como vicepresidenta fue designada Lucía Posso, asambleísta independiente. Los otros tres miembros de la comisión ocasional son Steven Ordóñez, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); Patricia Mendoza, de la Revolución Ciudadana; y Catalina Salazar, del movimiento Construye.

“Este es uno de los temas más importantes a tratarse en este periodo legislativo: hacer cumplir el pronunciamiento popular expresado en la consulta (popular). Asumiré con la responsabilidad que me caracteriza y la participación de ustedes”, expresó Vera Mora al asumir la presidencia de la comisión.

La selección de las autoridades de la comisión fue el único punto que se trató en la sesión de este martes, que se desarrolló de manera virtual. Posteriormente se fijará fecha y hora para empezar con el análisis de los proyectos de ley.

El presidente de la República, Daniel Noboa, envió el 13 de mayo un paquete de reformas legales a la Asamblea Nacional, para dar cumplimiento a las preguntas de la consulta popular y referéndum 2, 3, 4, 5 y 7, en las que ganó el sí.

Los proyectos contienen cambios al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.

Las reformas al COIP tratan sobre el incremento de penas en varios delitos; el cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles; establecer como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y destinar las armas, explosivos y otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas.

En tanto, las reformas a la Ley de Extinción de Dominio se enfocan en que el Estado sea propietario de los bienes que sean de origen ilícito o injustificado.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite los cinco proyectos de ley minutos antes de la instalación de la comisión multipartidista.

De acuerdo con los plazos establecidos en los anexos de la consulta popular, la Asamblea Nacional tiene 60 días para debatir y aprobar las reformas legales.

El Gobierno expresó que permanecerá vigilante del trabajo del Parlamento, dijo el lunes 20 de mayo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, y adelantó que el presidente de la República tiene capacidad de veto sobre los textos finales que sean aprobados en el pleno de la Asamblea.

Torres dijo que se observará que los legisladores no vayan más allá de los textos propuestos por el primer mandatario, exclusivamente sobre el aumento de penas para ciertos delitos graves tipificados en el COIP. (I)