Caso Purga: testimonios anticipados son los primeros elementos de prueba que presenta la Fiscalía para sustentar su acusación contra trece procesados

La lectura de los testimonios anticipados de Mayra Salazar, excomunicadora institucional de la Corte de Justicia del Guayas cuando Fabiola Gallardo estaba en la presidencia de ese organismo, y de Daniel Salcedo, empresario sentenciado por actos de corrupción en la venta de insumos médicos durante la pandemia de Covid-19, fueron los dos primeros elementos de prueba que presentó el fiscal general subrogante Wilson Toainga, en el primer día de audiencia de juicio el caso Purga.

Estos dos testimonios son parte de los 109 testigos y 55 peritos que ha anunciado la Fiscalía presentará para fundamentar su acusación contra trece procesados por delincuencia organizada.

Casi doce horas duró la primera jornada del juzgamiento que inició el miércoles último contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la hoy expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo; el exjuez penal del Guayas, Johann Marfetán, quienes son vistos como líderes de la “red delictiva” investigada, y otras quince personas más que son acusadas como cómplices. La diligencia culminó pasadas las 23:00 con la lectura del testimonio de Salcedo.

El segundo día de audiencia de Purga fue convocado por la presidenta de la Sala de Juzgamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, para las 08:30 de este jueves, 6 de febrero. Básicamente, el fiscal Toainga deberá continuar con su exposición de testigos y peritos según la línea que tiene preparada para la acusación.

La diligencia se instaló pocos minutos antes de las 09:00 y se anunció desde la Fiscalía que se continuaría con la reproducción de los testimonios anticipados entregados en el caso Purga por la exabogada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y procesada, Ruth S.; del exjuez Alberto L. T.; y del abogado del Banco del Pacífico, José Cheing. Se anticipó que de quedar tiempo se avanzaría con un perito de la lista definida por la Fiscalía.

Un día antes a todos los sujetos procesales, incluido la Fiscalía, la jueza Camacho les consultó sobre si prescindirían de testigos y petrificados, a lo que los acusadores como los acusados respondieron que por el momento no lo harían. Pese a ello, todos dejaron la puerta abierta para algún cambio, dependiendo de cómo vaya avanzando el juicio.

Mayra Salazar y Daniel Salcedo fueron sentenciados en el caso Metástasis a penas reducidas de 15 y 40 meses de prisión. Las condenas fueron mínimas porque ambos se acogieron al procedimiento abreviado, es decir, reconocieron su intervención en los hechos investigados. Salazar recibió una mayor reducción en la sentencia porque además se le sumó el beneficio de la cooperación eficaz.

Tanto Salcedo como Salazar rindieron el año pasado testimonios anticipados en los que entregaron información relevante para el caso Purga. Por ejemplo, la comunicadora sustentó información encontrada en su teléfono celular, la cual inicialmente fue periciada dentro de Metástasis. Ahí se encontraron datos de la manipulación jurisdiccional y administrativa de la justicia del Guayas que existió desde la “estructura delictiva” que tenía en su dirección al exlegislador Muentes y en la planificación a Gallardo, Marfetán y a Mercedes Villarreal Vera, exdirector provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura (CJ), ubicada como la cuarta líder de la “agrupación criminal” y quien mantiene la calidad de prófuga de la justicia,

En los “alegatos de apertura” Toainga, los abogados de la Procuraduría General del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Bando del Pacifico, las tres instancias ubicadas como acusadores particulares en la causa, coincidieron en que existe prueba suficiente para demostrar el delito y la participación de cada uno de los procesados en una “estructura delictiva” que apuntó a manipular y controlar el sistema de justicia de la provincia del Guayas para obtener fallos favorables, réditos económicos e impunidad en otros casos.

También intervinieron las defensas de los trece procesados asegurando que en la audiencia de juicio probarán que el caso Purga es una “mentira” y que su ‘testigo estrella’  “miente”. Los abogados aseguran que la Fiscalía no cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su acusación ante un Tribunal de Juicio que se completa con el juez nacional Felipe Córdova y el conjuez encargado Marco Aguirre.

En este caso se procesa el delito de delincuencia organizada previsto en el artículo 360, incisos primero y segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma sanciona a la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material.

Según este articulado, los ubicados como líderes serán sancionados con penas privativas de libertad de siete a diez años; mientras que los cómplices podrían recibir condenas de cinco a siete años de cárcel.

La jueza Camacho pidió al fiscal subrogante que defina cuáles son los delitos fin por los que acusa a los trece sospechosos, para así garantizar el derecho a la defensa que los procesados mantienen. Toainga aclaró este punto asegurando que los delitos fines de esta delincuencia organizada son cohecho agravado, previsto en el artículo 230.3 del COIP; peculado, establecido en el artículo 278 del COIP; y prevaricato, definido en el artículo 268 del mismo cuerpo de ley. (I)