Comisiones de Fiscalización y Garantías Constitucionales investigarán los ‘Pandora Papers’

La investigación de los Papeles de Pandora es la piedra angular de una trama de conspiración que denuncia el presidente Guillermo Lasso.

La decisión del Pleno de quitar el caso a la Comisión de Fiscalización y entregárselo a la mesa de Garantías Constitucionales es para Ana Cordero, legisladora oficialista, un intento de desestabilización.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, señaló que con esta operación se “pretende llevar a juicio político” al Primer Mandatario.

Lasso dice que, en los últimos quince años, directa e indirectamente, pagó USD 588 millones en impuestos. Paola Cabezas, coordinadora del bloque correísta, adelantó que se investigará lo que supuestamente Lasso no declaró.

El procedimiento se alineará al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se indica que el informe de la Comisión podrá recomendar el inicio de un juicio político, si se determinan incumplimientos. Pero la Constitución, en su artículo 129, establece tres causales para el juicio político al Ejecutivo: delitos contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y por delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada.

En el artículo 130 se determina que el Legislativo podrá destituir al Primer Mandatario por: arrogarse funciones y por grave crisis política y conmoción interna. En ambos artículos, se requiere dictamen de la Corte Constitucional y 92 votos.

Fernando Villavicencio: ‘Investigaré las operaciones de todos los involucrados’

El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, respalda la tesis de una “conspiración” contra el Gobierno. Considera una evidencia de ello, el hecho de impedir que esa mesa investigue a profundidad los Pandora Papers.

Dice que la intención era indagar no solo al presidente Guillermo Lasso, sino a todos los involucrados en la filtración. “Justamente porque Fiscalización planteó una investigación más amplia es que opera esta estrategia de transferir el caso exclusivo en contra del Presidente”.

Sin embargo, Villavicencio notificó a su colegas, amparado en la Constitución, que por su cuenta realizará una investigación sobre las operaciones en paraísos fiscales, tanto del Primer Mandatario como de líderes y exfuncionarios que aparecen en los Papeles de Pandora.

Concretamente, habla del estadounidense William Cooper, representante del Grupo Azul, quien fue condecorado por el expresidente Rafael Correa. Cooper fue sentenciado en el caso Sobornos a ocho años de prisión y se desconoce su paradero. En ese proceso judicial también se sentenció a Correa.

Otro nombre que aparece es Nielsen Arias, exgerente de comercio internacional de Petroecuador.

También menciona que recibió información de Contraloría por los vuelos de aviones presidenciales a paraísos fiscales. “Existe una indagación previa por peculado en contra de Rafael Correa y de la legisladora Luisa González. Y una glosa por USD 9,6 millones”.

Afirma que esta investigación propia la presentará a la Comisión de Fiscalización, a las autoridades judiciales y también a la mesa de Garantías Constitucionales.

Para Villavicencio, no hay posibilidades de que el caso derive en juicio político contra Lasso.

Fernando Cabascango: ‘No vemos que esta Comisión tenga intereses ocultos’

Fernando Cabascango no menciona la palabra conspiración. Afirma que detrás de la investigación de los Papeles de Pandora no hay intereses ocultos. Defiende la decisión del Pleno de la Asamblea, que con 105 votos a favor designó a la Comisión de Garantías Constitucionales para que indague el caso. “Se aprobó un cronograma de trabajo transparente”.

El legislador de Pachakutik dice que la investigación sobre los supuestos vínculos del presidente Guillermo Lasso con empresas offshore no impide que se indague más a fondo la filtración. De su parte, el Primer Mandatario asegura que en el 2017 se deshizo de las inversiones en paraísos fiscales para poder ser candidato presidencial.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Lasso pueda ser llamado a juicio político, el legislador evitó adelantar criterios. “No nos podemos apresurar a dar un criterio de a dónde derivaría la investigación”.

Para avanzar en su trabajo, la Comisión aprobó más de 41 comparecencias, que incluyen a representantes de la academia, aunque la Universidad Andina aclaró que no designó a ningún delegado, como se anunció. También se llamará a representantes de la UAFE, SRI, Consejo Nacional Electora (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), entre otras entidades del Estado.

La versión clave se la conocerá cuando se convoque al presidente Guillermo Lasso. Además, están llamados la primera Dama, María de Lourdes Alcívar, y uno de sus hijos. Esta decisión generó críticas, ya que los familiares del Mandatario no son funcionarios públicos.

Lasso, el viernes último, dijo que no se quiere “perder (la oportunidad) de ir a la comisión para hablar de Pandora Papers”. El plazo para presentar el informe de este caso vence el próximo 6 de noviembre.