Los 2 caminos: acuerdo o muerte cruzada

Con un proyecto de ley en la mano y con el decreto de muerte cruzada listo, pero enfundado. Esa será la postura del Gobierno esta semana (18 de octubre del 2021), cuando presente su reforma tributaria con carácter económico urgente. El Ejecutivo conserva la esperanza de lograr acuerdos en la Asamblea Nacional, para no tener que apostar por un doble jaque.

En esta partida, el Gobierno hizo una jugada para tratar de ganar votos. Días atrás, el presidente Guillermo Lasso anunció que junto con la reforma tributaria remitiría su reforma laboral. Pero hubo un cambio de estrategia. El 18 de octubre, el Mandatario confirmó que la propuesta laboral será presentada después.

Por ahora, el plan es que Lasso participe en los acercamientos con el Bloque del Acuerdo Nacional, Pachakutik e Izquierda Democrática, para tratar de sumar apoyo. Lo hará sabiendo que la Comisión de Garantías Constitucionales lo investiga por su aparición en los ‘Papeles de Pandora’.

“La muerte cruzada es una alternativa que está en la Constitución. Lo fundamental de parte del Gobierno, y en este momento parecería de la Asamblea, es buscar un entendimiento”, apuntó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.

La presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, se mostró abierta a llegar a un consenso. “Un acuerdo sí, pero claro, transparente y público. La Asamblea siempre ha estado dispuesta a fortalecer la reconciliación, la unidad y
la gobernabilidad”.

Lasso, desde Carondelet, también se mostró conciliador. “Entendemos este ejercicio democrático, más allá de que no estemos de acuerdo con el CAL. En bien de la paz y de la tranquilidad, en esta semana entregaremos el proyecto de ley urgente en materia tributaria”.

Dijo que una vez “aprobado” ese cuerpo, remitirá la reforma laboral y, posteriormente, la de inversiones. Con esa decisión, el Gobierno puso un compás de espera hasta diciembre, antes de activar su último recurso: la muerte cruzada.

Ese mecanismo, que consta en el artículo 148 de la Constitución, faculta al Presidente a disolver la Asamblea. Esta posibilidad, catalogada por Lasso de “drástica pero, a la vez, de inevitable”, abriría otros escenarios. Para empezar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. El plazo: siete días.

¿Cómo se gobierna sin Asamblea? El constitucionalista André Benavides explica que Lasso se quedaría en el poder hasta que haya votaciones, con la posibilidad de gobernar a través de decretos-ley. Sin embargo, aclara que estos solo podrán ser de materia económica.

Además, los decretos que promulgue deberán pasar por el filtro de la Corte Constitucional, que en pocos meses experimentará su primera renovación parcial: saldrán tres jueces y llegarán tres nuevos. “No es tan fácil. Si disuelve a la Asamblea porque no aprueban sus proyectos, en la Corte Constitucional también se pudieran caer, si son contrarias al Derecho y a las garantías constitucionales”.

Sorpresivamente, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), mencionó ayer, 18 de octubre, que con la muerte cruzada se “desestabilizaría la democracia”. Dijo que las cinco funciones del Estado “deben respetarse como tal” y llamó a Lasso a que gobierne y resuelva los problemas de fondo.

Quien sí se muestra a favor de la disolución es el expresidente Rafael Correa. “Déjese de amenazar y llame a muerte cruzada, Presidente. El pueblo le sabrá dar la respuesta a tanto desgobierno y corrupción”, publicó en Twitter.

La Revolución Ciudadana activó su trabajo territorial, impulsando la figura de su actual presidenta, Marcela Aguiñaga. El movimiento planteó que Lasso renuncie y habla de supuestos ilícitos que se develarían con los ‘Pandora Papers’.

Para el consultor político Carlos Ferrín, llamar a muerte cruzada con un escenario de agitación debido a las protestas anunciadas por diversos sectores, no sería del todo favorable para el Gobierno. Dice que los niveles de aceptación de Lasso han mostrado un descenso y cree que las calles se podrían calentar aún más.

Sin embargo, sostiene que ese escenario de disolución sí favorecería a “políticos de tercera vía”, entre ellos, Yaku Pérez, Xavier Hervas o el propio Álvaro Noboa.

Pérez, excandidato presidencial, reapareció el lunes 18 para sumarse a las movilizaciones convocadas para el 26 de octubre por la Conaie y sindicatos. El exprefecto de Azuay insiste en que supuestamente fue víctima de fraude. Cree que Lasso “tendría pánico” de concretar la muerte cruzada. “Él no va a convocar. Después de ocho meses, su credibilidad estará por los suelos”.

Visualiza que el Ejecutivo y Guadalupe Llori, su excolega de Pachakutik, llegarán a un acuerdo de no agresión.

Los pasos

Art. 148 de la Constitución faculta al Presidente a disolver la Asamblea si, a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones, por obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Lo podrá ejercer una sola vez.  

Tras suscribir el Decreto de disolución, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones presidenciales y legislativas. De ser necesario, para el caso de Presidente se podrá convocar a una segunda vuelta electoral.

Hasta la instalación de la nueva Asamblea, el Presidente podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica. El próximo legislativo podrá aprobarlas o derogarlas.

El nuevo Presidente y la nueva Asamblea estarán en funciones hasta completar el periodo para el cual fueron elegidos sus antecesores. Es decir, hasta mayo de 2025, ya que las elecciones de asambleístas se realizaron en abril de 2021.