Preparar debates electorales no obligatorios para las presidenciales del 2025, una carrera contra el tiempo

Una carrera contra el tiempo se han impuesto los representantes de universidades y de la sociedad civil para impulsar debates electorales para tres dignidades de elección popular que se medirán en la contienda del 9 de febrero del 2025.

Una iniciativa que surgió de la vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elena Nájera alentó a varias candidatas a la Vicepresidencia de la República a llevar a cabo un debate no obligatorio en el marco de las elecciones generales.

El 29 de noviembre pasado, Verónica Silva, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE); Blanca Sacancela, de Creando Oportunidades (CREO); Cristina Carrera, de Pueblo, Igualdad y Democracia (PID); Pacha Terán, de Unidad Popular; y Cristina Reyes, del movimiento Amigo, se reunieron con delegados de la academia y colectivos sociales para discutir esta probabilidad.

Se consensuó, de forma preliminar, que este se efectúe el 12 de enero, aunque se desconocen el mecanismo que se adoptará, el lugar, los moderadores, transmisión, coordinación, entre otros detalles logísticos y operativos.

Esta idea se expandió para las otras dignidades de elección, como los postulantes de la listas de asambleístas nacionales y para parlamentarios andinos.

Desde el CNE, la presidenta del organismo, Diana Atamaint, dialogó con representantes de estos sectores, quienes habían acordado integrar comités de coordinación por cada dignidad: Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.

Ahora están a la espera —comentó Atamaint— de que los promotores oficialicen su decisión de hacerlo, las fechas y datos operativos, como el sitio.

En el Código de la Democracia se reconoce la facultad de la sociedad civil para propiciar estos espacios, que no son obligatorios.

Al contrario del debate para los candidatos a la Presidencia de la República, que sí es obligatorio, tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta.

La obligatoriedad de los debates se incorporó en las reformas electorales vigentes desde febrero del 2020 y, desde entonces, se han hecho en tres momentos: en las elecciones generales de 2021, en las elecciones seccionales de febrero del 2023 y en las elecciones generales anticipadas de agosto y octubre de 2024.

De los 17 partidos y movimientos nacionales, hay 16 listas de binomios presidenciales calificados, pues hay una alianza entre dos movimientos políticos.

Hay doce listas (una es alianza) con 120 participantes a la Asamblea. En tanto, para el Parlamento Andino hay once listas con 55 candidatos inscritos.

En ese contexto, si bien la consejera Diana Atamaint alabó las buenas intenciones, advirtió de lo complejo que es armar estos eventos.

“Nosotros apoyaremos la iniciativa. No obstante, estamos contra el tiempo, porque hacer debates no es tan fácil. Pero haremos el esfuerzo y el intento de cumplir con estas aspiraciones”, ofreció la autoridad días atrás.

Para la catedrática Patricia Hidalgo, exintegrante del Comité Nacional de Debates de las elecciones generales anticipadas del 2023, la intención es positiva, pero el tiempo les es adverso.

“Es interesante y debería darse para todos los que están de candidatos y conocer quiénes acompañarán al presidente en su gobierno. Pero creo que los tiempos están muy ajustados. Todo lo que significa hacer un debate requiere de planificación, inversión y, sobre todo, voluntad de los candidatos de asistir, porque no es obligatorio. Además, para que tenga un efecto real, debería haber mucha cobertura de los medios de comunicación”, expresó.

Recalcó que la propuesta es magnífica pero que, con el número de postulantes a la Vicepresidencia de Ecuador y que no todos muestran interés, podría ser difícil desarrollarla.

Ella lamenta que en el país no haya una “cultura de debates”, porque no todos están preparados y no todos quieren arriesgarse por los mitos que se han creado alrededor de estos espacios, porque suelen decir, por ejemplo, que “el que va ganando en las encuestas no debe debatir”.

Adicionalmente, advierte que, si no hay candidatos preparados, “no tiene ni sentido, porque acuden y cuando responden las preguntas lo hacen de forma general y no dicen cómo van a ejecutar sus propuestas. Es necesario que esté bien organizado, de tal manera que tengan una preparación real para que no sea una falta de respeto a la ciudadanía”, opinó.

Para el director de la organización no gubernamental Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, un debate es siempre positivo para “que la ciudadanía tenga información, datos, análisis que le permitan tomar una buena decisión al rayar la papeleta”, opinó.

A su criterio, hay tiempo para organizarlo, porque iría a la par del proceso que organiza el CNE para los 16 candidatos a la Presidencia, que es obligatorio y que está planificado para el 19 de enero de 2025.

“Lo que sí hay que considerar es que no hay una obligación ni de realizar este debate ni de que los candidatos participen, por lo que no todos irán”, cuestionó.

Lo que sí es probable es que haya un debate para una posible segunda vuelta organizado por un centro académico.

La consejera Elena Nájera reveló que la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) expresó su compromiso para prepararlo.

El decano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Humanidades de la UIDE, Jorge Baeza, comunicó a Nájera que están interesados en hacer este debate para los candidatos a la Vicepresidencia y propuso desarrollar un mecanismo moderno y plural en el que los planes de trabajo puedan ser conocidos y confrontados.

Una segunda vuelta está fijada para el 13 de abril de 2025 y el debate de los presidenciables se haría el 23 de marzo.

Por lo que la UIDE prepararía la deliberación para los candidatos a vicepresidentes, tentativamente, para el 16 de marzo.

Para ello, requirió a Nájera que gestione como espacio físico el auditorio Matilde Hidalgo del Consejo en Quito, y que pueda ser transmitido por plataformas digitales de medios de comunicación que deseen unirse.

A esta organización se sumarían otras universidades, como la Central del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y la Universidad Bolivariana.

Mientras tanto, restan 60 días para que 13′7 millones de ecuatorianos vayan tomando su decisión para el sufragio del 9 de febrero. (I)