Quién es la mujer indígena que mencionó Mayra Salazar y que está detenida por supuestas influencias de Pablo Muentes

Durante su versión anticipada en el caso Metástasis, Mayra Salazar expuso las influencias que aparentemente ejercía el exasambleísta Pablo Muentes en procesos relacionados con conflictos por predios.

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La ex relacionista pública de la Corte del Guayas tildó a Muentes, quien está detenido por el caso Purga, de “traficante de tierras”, y relató cómo con sus influencias en la justicia provincial pudo obtener fallos para poner en prisión a personas.

En su relato mencionó el caso de Julia Etelvina Quiroga Huaraca, una mujer indígena de 32 años que fue detenida y está con prisión preventiva.

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“Señor juez, existe esta persona privada de su libertad, una mujer de 32 años, que es indígena, es indigente al mismo tiempo. Corresponde al nombre de la señora Julia Etelvina Quiroga Huaraca, a quien solicito respetuosamente que se investigue en el caso”, dijo.

Salazar expuso ese caso cuando mencionó un macrolote de mil hectáreas, que en su momento fue de los hermanos Isaías y que estuvo incautado por el Estado. Este macrolote, según Salazar, fue dividido en diez lotes, y en cada lote se asentó una asociación.

“Pablo Muentes Alarcón, a través de sus operadores del Ministerio de Agricultura, hace que se le adjudiquen estas fracciones a varias personas naturales, y a su vez estas les venden esas propiedades a los operadores de Pablo Muentes, incluyendo a su familia”, indicó Salazar.

Ella recordó que lo adjudicado por el Estado tiene un candado y no puede ser vendido hasta después de quince años. Y también que para poder generar esta venta se debe solicitar el permiso del Ministerio de Agricultura.

“En este caso, existe una celeridad en las respuestas. Como por ejemplo, si hoy yo consulto al Ministerio de Agricultura si puedo realizar la venta, hoy el Ministerio de Agricultura me responde y hoy se realiza la venta a los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón. Será la Fiscalía quien tenga que averiguar quiénes son los operadores del señor Pablo Muentes Alarcón en el Ministerio de Agricultura”, mencionó Salazar.

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Ante el juez del caso Metástasis, Mayra Salazar indicó que en estos diez lotes que fueron fraccionados se asentaron varias asociaciones, que “fueron brutalmente desalojadas por el señor Pablo Muentes Alarcón, porque el señor llegaba con tractores, con 200 policías, con 200 delincuentes, a golpear y a maltratar a niños, a mujeres y a personas adultas”.

Allí mencionó la Asociación Patria Nueva, que es una de las que se encontraban en este macrolote.

Salazar refirió que hay diez personas con boleta de captura y una persona privada de su libertad, “porque Pablo Muentes Alarcón no solamente les quitaba las tierras, sino que a quien se oponía y se resistía lo metía preso con su poder judicial”.

En una parte de este relato mencionó a Julia Etelvina Quiroga Huaraca.

Por lo que revisó este Diario en el sistema judicial, ella consta como una de las procesadas —junto con otras personas— por un caso de supuesta ocupación, uso ilegal y tráfico de tierras. El demandante es una empresa que reclama predios que están en la jurisdicción de Durán y acusa a Quiroga y otros de la ocupación ilegal.

Dentro de su relato, Salazar dijo que el operador judicial que realizó estas diez boletas e hizo que esta persona esté privada de su libertad es el juez Ronald Cevallos, implicado en el caso Purga. Dijo que fue llevado al despacho del juez de Durán, encargado del caso, para que cumpla las pretensiones de Pablo Muentes.

“Esta decisión fue apelada y subió misteriosamente a la sala conformada por Fabiola Gallardo Ramia, Guillermo Valarezo y Henry Taylor, quienes confirman la prisión preventiva para la señora antes mencionada”, expuso Salazar.

Salazar advirtió irregularidades en esas transacciones y el posible perjuicio para el Estado. “Señor juez, pero calculemos más o menos el costo que Pablo Muentes Alarcón habría invertido en estas transacciones del macrolote: de pronto 300.000 dólares o, en el mejor de los casos, 500.000 dólares. Pero resulta, señor juez, que también existe una resolución judicial en la que se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías y que fueron incautados por el Estado y que todavía están en el poder del Estado tienen que ser devueltos. Pero también se determina que los bienes que fueron de los hermanos Isaías, que estaban en el poder del Estado y que fueron vendidos, estos deberán ser pagados a los hermanos Isaías”.

En esta parte final de este caso, Salazar dijo que ese macrolote de 1.000 hectáreas hoy tiene un costo de entre 80 y 100 millones de dólares. “Dinero que tendrá que salir del bolsillo de todos los ecuatorianos, generándole un perjuicio al Estado”, señaló. (I)