Salinas acogerá nueva cárcel de máxima seguridad: ¿qué impacto podría tener en el principal balneario de Ecuador?

Con la aceptación del Gobierno nacional a la propuesta del alcalde de Salinas, Dennis Córdova, para que la cárcel prevista inicialmente en Archidona (Napo) se construya en la primera localidad en mención, la provincia de Santa Elena tendrá dos nuevos centros penitenciarios.

La primera cárcel, con capacidad para 800 presos, se construye en el cantón Santa Elena, entre las comunas Juntas del Pacífico y Bajada de Chanduy. En octubre pasado se indicó que el avance de esta obra era del 30 %, el plazo contractual es de 300 días y la inversión en el proyecto, $ 52′157.764,15.

El segundo reclusorio se levantaría en Salinas. Para esta cárcel, cuyo proceso se convocó bajo régimen especial, se ha destinado un presupuesto referencial de $ 51,97 millones.

Luego de varios días de protestas en Napo debido a la oposición de la comunidad a la cárcel en Archidona, el Gobierno de Daniel Noboa anunció la tarde del lunes 16 de diciembre que aceptaba la propuesta de construir un reclusorio de máxima seguridad en Salinas.

Mientras, la cárcel ya existente en Archidona será repotenciada. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó de “victoria” que se haya dado marcha atrás a levantar el reclusorio en la Amazonía.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno indicó que la nueva cárcel de máxima seguridad se construirá en Salinas tras aceptar una invitación del Municipio para que se implemente una infraestructura penitenciaria allí.

La respuesta fue rápida ya que la carta del Municipio de Salinas en la que se plantea la posibilidad de acoger la cárcel se envió el mismo lunes 16 de diciembre.

Sin embargo, el asunto ha generado reacciones contrarias. Priscila del Pezo, concejala de Salinas, sostuvo que esta propuesta del alcalde Dennis Córdova no ha sido tratada en la sesión del Concejo. Además dijo que tampoco ese proyecto se encuentra en planificación o la proyección del siguiente año.

“Un tema de esa naturaleza jamás contará con mi aprobación dado que la provincia batalla con serios problemas de inseguridad, no se cuenta con el número de efectivos policiales que se requieren para la cantidad de 400.000 habitantes y en más de una ocasión se ha manifestado la escasez de predios para legalizar a decenas de familias que viven en condición de hacinamiento”, recalcó la edila a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

Julio Ballesteros, exviceministro de Rehabilitación Social, considera que si la cárcel en Salinas se destina a presos relacionados con los grupos de delincuencia organizada (GDO), podría darse una afectación de la paz en el entorno cercano al reclusorio.

”Como consecuencia de una privación de libertad están las visitas familiares, las visitas de personas conocidas, y no digo que todas, que sea una generalidad, pero un porcentaje importante se presta también a continuar, digamos, con estas actividades del delito. Por eso es que en las cárceles se tienen varias requisas en las que hay artículos prohibidos en el interior, hay droga. Es porque alguien provee, es porque se acercan a seguir cometiendo actividades del delito en los centros de privación de libertad”, comentó el exfuncionario.

Ballesteros cree que el hecho de que la provincia tenga dos cárceles no es tan determinante ya que la capacidad de estos recintos no es muy amplia en comparación con un reclusorio regional, por ejemplo.

Pero cree que Archidona era un buen sitio para levantar una nueva cárcel. “Me parece a mí que la proximidad de las elecciones hizo que se activen otros intereses más que mecanismos para que se opongan dramáticamente. Yo lamento mucho que en un futuro mediato privados de libertad que tengan sentencias en la Amazonía tengan que ser movidos a otras provincias, porque no van a tener lugares en los que se puedan quedar”, manifestó él.

Alexandra Zumárraga, exdirectora nacional de Rehabilitación Social, mencionó que la decisión del Gobierno de construir dos cárceles de máxima seguridad en una misma provincia es “apurada”.

“Se había pensado que esta población (carcelaria) tiene que ser aislada por sus características, que son personas que en realidad no pueden tener contacto con el exterior”, señaló ella.

La exfuncionaria es partidaria de que haya un control especial en los nuevos recintos penitenciarios para evitar la corrupción que se ha evidenciado en otros reclusorios y que permite, entre otras cosas, el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles.

“Tendrían que pensar bien en estrategias para que esta población (carcelaria) sea bien custodiada y no tenga comunicación con el exterior”, expresó Zumárraga. (I)