Bancada ADN presenta tres denuncias ante la Fiscalía del Estado contra miembros de la Revolución Ciudadana y exconsejeros del CPCCS

Los asambleístas Adrián Castro y Fernando Jaramillo a nombre de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ese 12 de marzo de 2025, presentaron dos denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado en contra de miembros del movimiento Revolución Ciudadana y exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por el presunto delito de fraude procesal, tráfico de influencias y simulación de funciones públicas.

El asambleísta Castro, explicó que la bancada de ADN analizó una serie de documentos que llegó hasta su despacho y que con base a la información obtenida presenta la denuncia en contra del secretario del movimiento Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, que se enmarca en el contexto de la designación del Superintendente de Bancos.

Desde el año 2022, que fue la época en donde el Ecuador en adelante no tuvo Superintendente de Bancos, Araúz habría hecho algunas publicaciones en redes sociales y según Castro, la última es la más grave con fecha 24 de enero de 2025, “habla sobre el ataque dirigido contra Augusto Verduga, su vida está en peligro. La investigación no debe descartar motivaciones políticos... Ahora ya sabemos quién quería matar a Augusto ”.

Este hecho, añadió el legislador denunciante, es extremadamente grave, pues de acuerdo con la ley, todo ciudadano ecuatoriano que tiene conocimiento de una noticia que puede ayudar a la Fiscalía a determinar culpables de un delito, tiene que ser puesto en manos de la autoridad competente; situación que no se ha dado, lo que hace que el señor Araúz, incurra en una de las figuras que están en el Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con el fraude procesal al no dar información a la Fiscalía General del Estado.

La segunda denuncia la formuló el asambleísta Fernando Jaramillo (ADN), por el presunto delito tipificado en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, por simulación y usurpación de funciones en contra de los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la misma que tiene una pena privativa de libertad de uno a tres años.

La denuncia está dirigida en contra de los exconsejeros: Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Jadira Saltos, y la actual consejera, Nicole Bonifaz, quienes según el denunciante habrían simulado y arrogando funciones que le competen exclusivamente a la Corte Constitucional (CC), y proceden a designar en este caso a Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos en prejuicio y en detrimento de a quien verdaderamente le correspondía, José Roberto Romero, esto de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional 372-23-P/24. Ellos interpretaron la sentencia y no acataron la decisión.

La tercera denuncia, según explicó el legislador Ferdinan Álvarez (ADN), es en contra de varios funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tiene relación con incumplimiento de decisiones judiciales emitidas por autoridad competente, en contra de Andrés Arauz, Virgilio Hernández y el operador político de la RC, Santiago Diaz.

A raíz de estas investigaciones, añadió Álvarez, se conocerá lo que se escondía atrás de las operaciones políticas tomadas por la RC. Lo que buscamos es justicia y el país debe saber quiénes han estado atrás de operaciones oscuras a través del CPCCS, anotó. (I)