Caso Purga: juez delibera si llama o no a juicio a Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y otros 21 acusados por delincuencia organizada

Diez días después de haberse iniciado la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Purga, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, la noche del jueves último suspendió la diligencia e ingresó a deliberar la decisión de si llama o no a juicio a todas, varias o ninguna de las 23 personas procesadas por el delito de delincuencia organizada.

Tan solo un día antes, De la Cadena resolvió declarar la validez procesal de todo lo actuado dentro de la etapa de instrucción fiscal, esto una vez evidenció que no existen vicios que afecten el procedimiento. En la última jornada se escucharon los anuncios probatorio de las partes, los cuales serán usados en el caso que exista un auto de llamamiento a juicio, y también se debatió respecto a las exclusiones probatorias que se solicitaron desde la Fiscalía, la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura(CJ), el Banco del Pacífico y las defensas de los 23 acusados.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga, con base en 561 elementos de convicción presentados dentro del dictamen acusatorio  del caso Purga, solicitó al juez De la Cadena llame a juicio en calidad de líderes al exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; a la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo; al exjuez penal del Guayas, Johann Marfetán; y a la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal.

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También cómo cómplices de la organización que manipuló la justicia del Guayas para obtener fallos favorables en casos de su interés, además de beneficios económicos, se acusó a Alberto L., Henry T., Guillermo V., Javier R., Freddy  J., Mercedes P., Reinaldo C., Ruth S., Nelson P., Saúl M., Silvia O., Tatiana V., José  P., Esteban Ch., Susana B., Jacqueline D., el expresidente de la Corte del Guayas, Hugo González; y la esposa y el primo de Muentes, María A. y Fausto A., respectivamente.

Toainga aseguró que ha podido determinar que se encuentran configurados los elementos relacionados al delito de delincuencia organizada, figura penal tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), de acuerdo al primer inciso, para los líderes, y el segundo inciso,para los cómplices.

Para la Fiscalía el caso Purga evidencia la contaminación del sistema de justicia en la provincia del Guayas desde las más altas esferas de la política legislativa, la cual, se asegura, puso a servicio de corruptos funcionarios judiciales y a los del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del Ecuador.

“En nuestro país persiste una forma irregular de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida de los poderes públicos, legislativo y judicial, cuya gestión, entre ellos, ha mantenido a la sombra hasta el día de hoy, pues se ha utilizado a la justicia una vez más como un eslabón de la intromisión de grupos de delincuencia organizada, que convierten a la ley en su moneda de cambio para obtener réditos tanto económicos como políticos, privando a todos los ecuatorianos, y sobre todo a los habitantes de la provincia del Guayas, a una verdadera independencia judicial que es como se merece”, indicó Toianga.

El fiscal general subrogante aclaró que los hechos explicados en este caso tiene relación con cinco situaciones que las definió como eventos: evento Banco del Pacífico, Tierras, Cuerpo de Ingenieros, Acciones Administrativas y GDO (Grupos de Delincuencia Organizada).

Las defensas del exasambleísta Muentes y de la expresidenta Gallardo coincidieron en solicitar el sobreseimiento para ambos procesados, ante una falta evidente de elementos de convicción que los relacionen y cuestionaron a la Fiscalía por haber fundado la acusación oficial en el testimonio de la excomunicadora institucional de la Corte del Guayas sentenciada en el caso Metástasis, Mayra Salazar, el cual, dijeron, es inventado, en unas partes, y manipulado, en otras.

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El fiscal Wilson Toainga refirió que esta red de corrupción mantuvo al exasambleísta Muentes en la dirección de la “organización delictiva”; mientras que Gallardo, Villarreal y el entonces juez penal Marfetán en el nivel de la planificación. Todos los demás procesados habrían colaborado de alguna forma con la obtención del objetivo ilícito.

De la Cadena poco antes de suspender la diligencia no permitió que los procesados hablan como parte de su defensa. Explicó que el derecho de última palabra puede ser usado en audiencia de juicio y no necesariamente en esta etapa del proceso penal. Lo que sí advirtió a las partes que más adelante los convocará para reinstalar la audiencia y así dar a conocer su decisión. (I)