Daniel Noboa anticipa un veto total a reforma que beneficia con licencia sin sueldo a vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva

El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, adelantó que suscribirá un veto total a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que otorgan el beneficio de acogerse al régimen de licencia sin sueldo a las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) que deban cumplir una orden de prisión preventiva o arresto domiciliario.

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En un video publicado en sus plataformas de redes sociales este 23 de mayo, una funcionaria le muestra las reformas y Daniel Noboa responde: «No, veto total», cuyo mensaje está acompañado por un texto que recrimina la «nueva alianza que busca impunidad. Revisa quiénes son, porque en el nuevo Ecuador no hay espacio para ellos».

El pasado martes, 21 de mayo de 2024, la Asamblea Nacional aprobó, con 92 votos —excepto de los integrantes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN)— un paquete de 25 reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, entre ellas, se agregó un inciso al artículo 258 sobre la integración del Consejo de la Judicatura que permite dar una licencia temporal sin sueldo a los vocales de ese organismo que tengan que cumplir órdenes de prisión preventiva o arresto domiciliario.

El texto aprobado dice: «En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código. Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el pleno del Consejo suspenderá todas las funciones que le asisten como miembro del cuerpo colegiado, de la o del vocal principal, con excepción del fuero, y procederá a la principalización provisional de la o del vocal suplente o alterno, según corresponda. En este caso la o el vocal principalizado recibirá la remuneración que correspondía a la o el vocal reemplazado».

En la actualidad, el Consejo de la Judicatura está incompleto debido a que cuatro de sus exvocales están presos o inhabilitados para ejercer cargo público, al ser procesados por presuntos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía General del Estado.

Entre ellos, Wilman Terán Carrillo, expresidente del CJ, preso en la cárcel La Roca, en Guayaquil, procesado por el caso Metástasis, del que se desprendieron vínculos con actores criminales como el narcotraficante Leandro Norero Tigua (+).

Xavier Muñoz, exvocal, también preso en la cárcel 4 de Quito, procesado por el delito de obstrucción a la justicia. Renunció a sus funciones.

En tanto, los exconsejeros Maribel Barreno y Juan José Morillo, procesados por tráfico de influencias, fueron llamados a juicio e inhabilitados para ejercer cargo público.

Este organismo se conforma por candidatos propuestos por las funciones Ejecutiva, Legislativa, la Fiscalía General, la Defensoría Pública y Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuyo representante preside el Consejo de la Judicatura.

Las ternas son enviadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que realiza procedimientos de admisibilidad, impugnación a la probidad notoria y, finalmente, la designación.

En la víspera, el CPCCS solicitó a la CNJ, a la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública que les remita sus ternas para llenar las vacantes que dejaron las exautoridades mencionadas.

En abril del 2025 culmina el periodo de seis años en funciones de las autoridades que integran el CJ, por lo que corresponde una renovación completa. (I)