‘Es la oportunidad para juzgar si efectivamente la gestión ha sido efectiva o no’, dicen concejales sobre revocatoria de mandato de Pabel Muñoz

ChaoPabel.com es el sitio en el cual se empezó a recoger las posiciones a favor de la revocatoria de mandato del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. En el sitio web hay opciones para firmar la iniciativa o apoyar en la logística.

El pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar los formularios para la recolección de firmas con el fin de activar el proceso de revocatoria del mandato del funcionario. Es un fallo de última instancia. Muñoz está en funciones desde mayo del 2023 y lo debería ejercer hasta 2027.

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Néstor Marroquín, miembro del colectivo ciudadano Defiende tu Voto y quien impulsa la salida de Muñoz, señaló que es por incumplimiento de funciones, pues hubo proselitismo político a favor de la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González en las elecciones presidenciales pasadas, lo que está prohibido por la ley electoral y no está dentro de sus atribuciones.

Muñoz ya fue sancionado por el TCE, entidad que le dispuso pagar una multa y presentar disculpas públicas. Supuestamente, el alcalde apareció en spots electorales en las redes sociales promoviendo obras para la ciudad junto con González.

Tras conocer la decisión del TCE, el funcionario ha reaccionado en dos ocasiones a través de redes sociales rechazando la decisión del organismo. En la primera mencionó que su compromiso con los quiteños, y con Quito, no se detendrá “ni por la política de odio ni por unos pocos mamarachos”.

Esa palabra generó comentarios. Michel Aulestia, concejal del movimiento político Ahora, sostuvo que puede ser que la mayoría de habitantes de Quito resulten ser mamarrachos que reclaman mejores días para la capital. “Sea tolerante y deje (que) el proceso democrático siga el curso”, mencionó. Le pidió que exija a sus funcionarios que cumplan con la urbe capitalina.

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En la segunda reacción, Muñoz hizo un video donde se refirió a las implicaciones que, a su criterio, tendría su salida de la Alcaldía. Opinó que es una “barbaridad jurídica que atenta contra la estabilidad de la ciudad y responde claramente a una estrategia de persecución política”.

Mencionó que quienes buscan su salida argumentan incumplimiento de funciones, pero no presentan ni una sola prueba para ello y se basan en la sanción que recibió por una infracción electoral. Esto, adujo, contradice el principio legal de que nadie puede ser sancionado dos veces por la misma falta.

El único propósito, según él, es el de entorpecer la gestión municipal y frenar el desarrollo de Quito.

Andrés Campaña, concejal de Quito de la alianza PSE-Suma, expresó que cuando se presentó la iniciativa se mostró a favor de que haya un mecanismo de democracia participativa, pero tenía inquietudes del proceso por lo que se sorprendió con la decisión del TCE.

Campaña indicó que son necesarios cambios en la ciudad pues desde hace varios años la ciudad no avanza y destacó la gestión que hizo Paco Moncayo cuando lideró la Alcaldía entre 2000 y 2009. Mencionó que una administración local no solo depende del alcalde sino del equipo de trabajo y de la visión de desarrollo que haya.

Para Fidel Chamba, concejal independiente, es la oportunidad para juzgar si efectivamente la gestión del alcalde ha sido efectiva o no. A su parecer, la ejecución presupuestaria no representa las necesidades que tiene la capital.

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En su intervención, Muñoz indicó que se ha ejecutado una inversión superior a $ 1.300 millones en obras, como la rehabilitación de la Ecovía y de la avenida Galo Plaza Lasso, recuperación de más de 500 parques con inversiones en espacios como el parque Carolo.

Además expansión de la red vial con más de 150 km de vías rehabilitadas anualmente, impulso a la inversión privada con más de $ 595 millones comprometidos en proyectos, extensión del Metro de Quito y la modernización del transporte público con 60 nuevos trolebuses eléctricos.

En abril iniciaría el trámite de recolección de firmas para la revocatoria. El proponente tendrá seis meses para recolectar alrededor de 200.000 firmas. El proceso llevaría entre nueve y diez meses. (I)