Esta semana se conocerá cuál es el rumbo que tomará el concurso para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional

Durante esta semana se completarán los 20 días término que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) decidió otorgar para que la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución, con la asistencia técnica de organismos internacionales, refuerce y finalice la metodología que permita continuar las fases subsiguientes del concurso público para seleccionar y designar a diez jueces y quince conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El 26 de agosto último, los vocales de la Judicatura Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavídez y el presidente del organismo, Mario Godoy, decidieron declarar la “nulidad insanable parcial” del proceso iniciado por la Judicatura a finales de marzo pasado. Inicialmente se dieron quince días término para que la Dirección de Talento Humano del CJ realizara los cambios administrativos y normativos, la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso, así como también la modificación del cronograma general.

Desde el área de talento humano se requirió una ampliación del término inicialmente otorgado por el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial para elaborar la metodología de la fase de examen de confianza. Específicamente, la nulidad declarada va desde las fases del examen de confianza; es decir, 106 de los 107 postulantes que superaron las pruebas psicológicas deberán repetir los exámenes de confianza, etapa en la que se ubicaron las irregularidades insanables.

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Actual juez de la CNJ renuncia al proceso de selección

Mientras transcurrían los 20 días de ampliación del plazo, el juez nacional Luis Adrián Rojas, uno de los 107 postulantes que superaron las pruebas psicológicas del concurso público, renunció a continuar en el proceso. En su carta el magistrado recordó que participó en el concurso para juez de la CNJ en el año 2020, siendo elegido conjuez para un periodo de nueve años; que actualmente cumple funciones como juez nacional encargado; y que, en su anhelo por principalizarse en el cargo, participó en el concurso de 2023, el cual se anuló en su totalidad.

“En los actos de reproche del concurso se ha mencionado supinamente mi nombre como presunto beneficiario de un suceso que riñe con la buena costumbre, cuando lo que he realizado es acatar en estricto las reglas establecidas en el proceso. Esto requiere solicitar las recalificaciones correspondientes, tanto en el anterior como en el actual concurso, de conformidad con el reglamento y las reglas de impugnación previamente establecidas, siendo las calificaciones obtenidas por el suscrito equivalentes en todos los concursos en los que he participado para la Corte de cierre”, explicó Rojas.

A lo que se refiere el actual magistrado es a que se ha mencionado su nombre al relacionarlo con supuestas entregas irregulares de puntaje luego de pedir la recalificación en el actual proceso de selección. El nombre de Rojas apareció también durante la formulación de cargos del caso Pantalla contra dos exasesores del expresidente del CJ Wilman Terán, quienes son investigados por el delito de tráfico de influencias ocurrido en torno al concurso de jueces y conjueces del año 2023.

La fiscal del caso Pantalla señaló que, en relación con los puntajes de recalificación de la prueba teórica, se habría verificado que los promedios de varios postulantes se incrementaron en mayor medida en comparación con otros postulantes que solicitaron recalificación. En su lista nombró a Luis Adrián Rojas Calle, quien —dijo— habría incrementado su puntaje de 14,40 puntos a 17 puntos, al igual que otros once postulantes entre quienes estaban dos actuales jueces de la CNJ, un exfiscal general y Anabel Torres, cercana a Wilmán Terán, quien habría incrementado sus notas luego de la reclasificación de 16,40 puntos a 18 puntos.

“Al requerirse total pulcritud en este proceso, aquella que la poseo y mantendré siempre como hombre honesto, libre y de buenas costumbres, frente a los falaces cuestionamientos que se han venido tejiendo en torno a mi participación en el concurso de la CNJ, no puedo permitir que mi nombre se mancille en el escarnio público, por lo que una vez que se subsane el proceso con la declaratoria de total nulidad, postularé nuevamente mi nombre”, concluyó el juez nacional renunciante al proceso.

Fiscalía investiga tráfico de influencias en actual concurso para jueces y conjueces

La Fiscalía y la Policía, la noche del 3 de octubre pasado, realizaron allanamientos en Quito como parte de una investigación previa abierta por el delito de tráfico de influencias que habría ocurrido en el actual concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional. La etapa reservada de investigación se abrió para recabar información sobre supuestas irregularidades en la prueba de confianza tomada a los postulantes por parte de la empresa Métricas Web S. A.

En la acción dirigida por agentes de la Unidad Selecta Especializada en Transparencia de la Fiscalía se retuvo a dos personas con fines investigativos. Se presume que existirían funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados con una organización delictiva que habría operado en este proceso.

El nuevo proceso de selección y designación de magistrados para el más alto órgano de justicia ordinaria del país arrancó con la convocatoria el 21 de marzo pasado, y recibió el apoyo de los vocales de la Judicatura Yupangui, Goyes y Benavides, así como del entonces presidente del CJ, Alvaro Román. Mediante este proceso se esperaba hasta octubre próximo escoger a diez jueces y a entre trece y quince conjueces para las cinco salas especializadas de la CNJ.

En agosto empezó a circular información sobre posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Métricas Web S. A., la cual estuvo a cargo de las pruebas de confianza, tomadas entre el 15 y el 16 de junio pasado, dentro del nuevo concurso público. De Métricas se indicaba que no contaba con la experiencia suficiente para encargarse de la evaluación o que no poseía la tecnología para este proceso, entre otras falencias.

Ese hecho obligó a que, el 13 de agosto pasado, Mario Godoy, con menos de un mes en la presidencia del CJ, solicitara a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría al proceso contractual mediante el cual se ejecutó el examen de confianza. Dos días después, el pleno de la Judicatura decidió devolver a las áreas técnicas respectivas los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que la CGE entregue, en más o menos 40 días, los resultados del examen solicitado.

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Aún sigue pendiente el resultado de la auditoría que la Contraloría ha realizado a la contratación de la empresa Métricas Web. Inicialmente se dijo que estaría lista la auditoría a finales de septiembre, pero se desconoce el resultado o la fecha en que se lo expondrá.

Estándares internacionales se tomarán en cuenta para la nueva metodología

Desde el CJ se ha informado que el concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional se fortalecerá con altos estándares internacionales. Esto se daría con el fin de fortalecer la transparencia y mejorar el proceso de selección de jueces y conjueces del más alto órgano de justicia ordinaria del país.

“La asistencia técnica que estos proporcionarán optimizará la metodología del examen de confianza, asegurando que se implementen las mejores prácticas internacionales. Este enfoque garantizará que la selección de jueces y conjueces se base en criterios de probidad, idoneidad y excelencia, reforzando así la calidad y la integridad de la administración de justicia en el Ecuador”, se ha recalcado desde la Judicatura.

En la Misión Internacional de Observadores (MIO) al proceso de selección existen preocupaciones respecto a los síntomas que existen en el proceso. “Lo que nosotros sugerimos en su momento fue nuevamente considerar retrotraer el proceso a la etapa que permita al Consejo de la Judicatura dar garantía de transparencia, publicidad y credibilidad al proceso y, por lo tanto, a la elección”, anotó Jaime Arellano, uno de los integrantes de la MIO.

Exfuncionarios del CJ e integrantes del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador insisten en que debería declararse la nulidad total del concurso. Principalmente, explican, porque con las decisiones adoptadas y otras ‘irregularidades’ existentes no han desaparecido las dudas sobre la transparencia que debe existir en un proceso de selección tan importante como este. (I)