Preocupación en la Federación de Cámaras de Industrias por el derecho de asociación en proyecto de ley urgente sobre ONG

RADIO ANTENA PENINSULA Agosto 1, 2025 13 0

La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador expresó su preocupación por posibles afectaciones al derecho de asociación de organizaciones de empleadores tras el envío del proyecto de Ley para el control de flujos irregulares de capitales a la Asamblea Nacional.

La propuesta de normativa fue remitida por el presidente Daniel Noboa el 29 de julio de 2025, con carácter económico urgente. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) prevé conocer el proyecto del Gobierno este 1 de agosto.

En un comunicado emitido este 31 de julio, la federación sostuvo que es importante “supervisar la licitud del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, así como la necesidad de identificar a aquellas ONG que, con recursos de origen incierto, desarrollan actividades con alto potencial desestabilizador”.

Sin embargo, observaron que la normativa podría afectar el derecho de asociación de organizaciones de empleadores amparadas en el Convenio 87 de la OIT, que garantiza la autonomía de los gremios y los protege de injerencias externas.

Por esta razón, la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador solicitó comparecer en el Legislativo, para emitir aportes técnicos sobre los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador.

Además de la organización de industrias, directores de otras ONG, como la fundación CAJE, la fundación Ciudadanía y Desarrollo, Participación Ciudadana y WWF también han observado la necesidad de una ley para controlar a las organizaciones de la sociedad civil e hicieron un llamado al respeto a la libertad de asociación y expresión.

La iniciativa es la cuarta enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente en su actual mandato y busca controlar flujos irregulares de dinero de grupos de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales (ONG) y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que operan en el territorio nacional.

Entre otras cosas, la propuesta ordena a fundaciones y ONG establecer mecanismos de control que prevengan el uso indebido de los fondos, establece un régimen sancionatorio, dispone que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervise a estos grupos y que se registren obligatoriamente en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios).

(I)