El PP intenta ahora retrasar la aplicación de la norma que beneficia a presos etarras tras el rechazo del Senado

Las Cortes han vivido este lunes una situación insólita. El pleno para ratificar la reforma legal que excarcelará a presos de ETA antes de lo previsto ha terminado con el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, enviando de nuevo el texto al Congreso. Los populares tratan así de retrasar su aplicación después del terremoto interno vivido durante los últimos días, y a la vez intentan descargar de presión a la Cámara en la que tienen mayoría absoluta para devolver la pelota a la Mesa del Congreso, controlada por el Gobierno, con un movimiento que nadie esperaba. Ni siquiera fuentes parlamentarias del PP.

El pleno de la Cámara alta debatía hoy el proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso el 18 de septiembre, entonces por unanimidad de todos los partidos. Y la previsión era que la norma saliera adelante de forma definitiva y fuera publicada automáticamente en el BOE, porque la sesión del Senado ya no tenía efectos prácticos según las fuentes consultadas, también las del PP. El motivo era que el texto había entrado en la Cámara alta sin que ningún partido presentase enmiendas ni vetos en el plazo establecido, hasta el pasado 30 de septiembre; por ello, aunque el PP, Vox y UPN iban a votar en contra en esta ocasión y, por tanto, el pleno del Senado no iba a respaldar la norma, todo el mundo asumía que esta iba a quedar formalmente ratificada.

Sin embargo, justo tras producirse la votación —148 votos en contra (los de PP, Vox y UPN), 111 a favor y dos abstenciones—, Rollán ha explicado que el texto será devuelto al Congreso, al sostener que ese rechazo del Senado por mayoría absoluta se considera como un “veto”, aunque este no se hubiese presentado en tiempo y forma. Ese anuncio ha provocado una algarabía dentro del hemiciclo, con los senadores de la derecha en pie aplaudiendo y el resto pidiendo explicaciones al presidente de la Cámara alta. Rollán, que ha salido desparovido, ha esgrimido durante su intervención un informe de los letrados redactado el 11 de octubre y ocultado hasta este lunes al término de la sesión.

“Un rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta, sin haberse presentado ni veto ni enmiendas, es un caso inédito”, afirma la secretaria general del Senado en el citado informe, en el que apunta que, “ante la falta de precedentes y a la vista de lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional 97/2022, puede considerarse, de conformidad con el artículo 106.1 del Reglamento del Senado, como un veto, dando lugar por consiguiente a la vuelta del texto al Congreso”.

Está por ver ahora la respuesta de la Mesa de la Cámara baja, donde el Gobierno de coalición tiene la mayoría. El propio informe de los letrados del Senado recuerda una sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre una proposición de ley de 1995 remitida por el Congreso al Senado, y que la Cámara alta rechazó por mayoría simple sin tampoco oponer veto ni aprobar enmiendas. La Mesa de la Cámara baja entendió que, al no haberse interpuesto ni veto ni enmiendas por el Senado, el texto quedaba definitivamente aprobado. Ello, entre otros motivos, recuerda el informe, dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad resuelto por la STC 97/2002, que confirmó que la proposición de ley quedaba definitivamente aprobada. En el fundamento jurídico 6 de la sentencia, el tribunal de garantías señala que “el veto debe formularse expresamente y aprobarse por mayoría absoluta, de suerte que otra interpretación sería un fraude de ley, esto es, un veto aprobado por mayoría simple”.

En este caso, sin embargo, la reforma legal sí ha sido declinada por mayoría absoluta en el Senado. La letrada aduce ese razonamiento enmarcándolo bajo la decisión del Constitucional de 2002 y, según sostiene, conforme al artículo 90.2 de la Constitución. Dicho precepto exige mayoría absoluta para que un veto de la Cámara alta salga adelante y pueda devolverse el texto al Congreso, que en cualquier caso luego puede levantar ese veto. Fuentes del PSOE argumentan en contra que el Reglamento establece en su artículo 107.2 que “las enmiendas y las propuestas de veto deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa”, circunstancia que no ha concurrido en este caso. “El presidente del Senado, al dictado del PP y al margen de la Constitución, fuerza un conflicto jurídico con el Congreso”, ha censurado el portavoz socialista, Juan Espadas, tras la sesión.

En un principio, el pleno de este lunes estaba planteado como un mero trámite para convalidar la iniciativa legislativa. Pero, antes de la sopresa dada por Rollán, el debate sí había servido al PP, Vox y UPN para confrontar con dureza con los socialistas, a los que han acusado de promover la reforma legal como parte del “pacto encapuchado” con EH Bildu y de engañarlos en el primer trámite del Congreso para que votaran a favor. Enfrente, la mayoría de grupos que han votado a favor de la reforma, incluido el PSOE, han achacado a las formaciones de la derecha el haber votado a favor el mes pasado siendo perfectamente conscientes de las consecuencias para los presos etarras, y no por error, como sostienen.

El PP ha confiado a la senadora del PP Marimar Blanco —hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997— la defensa del rechazo de su formación a la reforma. “¿Qué dignidad defienden ustedes, salvo la de los presos de ETA?”, ha espetado Blanco a la bancada socialista. “Para tapar sus vergüenzas, acusáis a este partido [el PP] de tener nostalgia de ETA. Les pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que tengo nostalgia de ETA?”, ha inquirido, provocando el aplauso unánime de la bancada popular, con sus 145 senadores en pie. “Otegi dicta y Sánchez obedece y ejecuta. Y a conciencia, con una frialdad absoluta, abren las heridas de las víctimas a quienes no nos dejan sufrir en paz”, ha cargado Blanco. “La historia recordará a este Gobierno por liberar a violadores, a golpistas y a presos de ETA”.

Las palabras de Blanco han sido respondidas por la senadora socialista Elena Diego. “El odio y el rencor ya no caben a la hora de legislar, siempre hemos defendido el estado democrático y de Derecho, siempre hemos defendido el dolor de las víctimas. Les miro a los ojos, ¿ustedes creen que yo soy una miserable? ¿Que soy una defensora del terrorismo?”, ha preguntado la parlamentaria a los senadores del PP, que han respondido con “síes”, provocando la llamada al orden del presidente del Senado.

El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta ha defendido que la reforma legal “se aplicará a presos y presas vascos porque tienen los mismos derechos que el resto de la población reclusa”. “Porque el tiempo de la excepción debe terminar, porque el tiempo de la política del rencor debe terminar”, ha abundado el parlamentario vasco.

Por su parte, Vox ha vuelto a presionar a los populares exigiendo que hicieran uso de su mayoría absoluta para suspender el pleno y abrir un nuevo período de enmiendas, provocando los abucheos de los senadores del PP. Fuentes populares de la Mesa habían alegado que esa prórroga no era “posible”. “Pedimos perdón a las víctimas, a nadie se le puede pasar por la cabeza que Vox sea partidario de poner a criminales y terroristas de ETA en la calle”, ha expresado la senadora de la formación ultra Paloma Gómez.