Errores y retrasos en concurso público hacen que inicios de 2025 aparezca como la nueva fecha para que la Corte Nacional tenga a nuevos magistrados
RADIO ANTENA PENINSULA
Octubre 28, 2024
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Pese a que a mediados de este mes de octubre se completaron los 20 días término que el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) otorgó a la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución para que refuerce y finalice la metodología que permita continuar con las fases subsiguientes del concurso público para seleccionar y designar diez jueces y al menos quince conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Judicatura no habla oficialmente de los términos ni de los tiempos para retomar el proceso.
El proceso de renovación de magistrados del más alto órgano de justicia ordinaria del país lleva parado cerca de dos meses. El 26 de agosto último, por unanimidad los vocales de la Judicatura Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente del organismo, Mario Godoy, decidieron declarar la “nulidad insanable parcial” del proceso iniciado a finales de marzo pasado.
A la Dirección de Talento Humano del CJ se le dio inicialmente 15 días término para que realice los cambios administrativos y normativos y la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso, así como también la modificación del cronograma general. Luego se requirió una ampliación de 20 días al término otorgado por el pleno del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial para elaborar la metodología de la fase de examen de confianza.
Según la vocal Yupangui, este último término de 20 días sí se cumplió y la dirección responsable presentó los informes, pero —recordó— estos habrían estado “incompletos y no eran susceptibles de aceptación”. Una nueva prórroga se habría dado para que se completen los requerimientos, lo que evidentemente hará que no se cumpla el cronograma original, que hablaba de que hasta este mes de octubre se debía tener seleccionados y designados a los jueces y conjueces para la CNJ.
Tentativamente, en el interior del CJ se hablaría de que las dos fases y tres subfases que restarían por cumplirse dentro del concurso público podrían completarse en el primer trimestre del 2025.
Específicamente la nulidad declarada por el pleno de la Judicatura va desde la fase del examen de confianza; es decir, 106 de los 107 postulantes que superaron las pruebas psicológicas —pues uno renunció a seguir en el proceso— deberán repetir los exámenes de confianza, etapa en la que se ubicaron las irregularidades insanables.
El mes de agosto pasado empezó con la circulación de información sobre posibles irregularidades relacionadas con la contratación de la empresa Métricas Web S. A., la cual estuvo a cargo de las pruebas de confianza tomadas entre el 15 y el 16 de junio pasado. De Métricas se indicaba que no contaba con la experiencia suficiente para encargarse de la evaluación, que no poseía la tecnología para este proceso, entre otras falencias.
Ese hecho obligó a que, el 13 de agosto pasado, Mario Godoy, con menos de un mes en la presidencia del CJ, solicitara a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría al proceso contractual mediante el cual se ejecutó el examen de confianza. Dos días después, el pleno de la Judicatura decidió devolver a las áreas técnicas respectivas los informes sobre la prueba teórica del concurso y suspender su conocimiento hasta que la CGE entregue los resultados del examen solicitado.
Luego de este traspié con Métricas Web S. A., el cual incluso generó que Fiscalía abra una investigación previa por el delito de tráfico de influencias que habría ocurrido en el actual concurso para magistrados de la Corte Nacional, la empresa colombiana Corporación de Excelencia en la Justicia será la encargada del proceso de pruebas de confianza. Esa confirmación se habría dado a conocer en el pleno del CJ cuando se convocó a los vocales a trabajar con la empresa extranjera.
Ese primer acercamiento le ha dejado a la vocal Yupangui una buena impresión porque se notaría —dijo— que son serios y tienen mucha experiencia. “Ellos dijeron que tienen 30 años de experiencia, y adicionalmente (...) tienen una vasta experiencia en temas relacionados con el narcotráfico. Los parámetros que nos presentaron no son los mismos que aplicó la otra empresa; son parámetros diferentes”.
El lunes 23 de octubre último, desde el CJ se emitió una invitación para una rueda de prensa en la que se abordaría el tema del concurso para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional. El mensaje fue enviado a las 09:00, pero cerca de las 12:00 de ese mismo día se informó que la rueda de prensa se suspendía por una “agenda de última hora”.
Yupangui explicó que la nueva empresa tomaría en cuenta en su evaluación tres ejes básicos: el asunto penal, administrativo y económico. Desde esa perspectiva, afirma, si se va a analizar la honorabilidad de la persona, su cumplimiento de funciones en el aspecto administrativo y a eso se le une una revisión de sus movimientos en cuentas bancarias, el proceso debe salir adelante.
La propuesta inicial sería entregar los resultados de la prueba de confianza hasta el 3 de diciembre próximo. Ante ello, la vocal Yupangui cree que, si se empieza a trabajar en los temas que se puede, es decir, selección de expertos, elaboración de cuestionarios, tribunales, al día siguiente del 3 de diciembre que se entreguen los resultados ya se podrían iniciar las siguientes fases y subfases que aún restan por cumplir, según el reglamento del concurso aprobado.
El actual presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña, destaca que se haya escuchado la sugerencia de que se contrate una empresa internacional con experiencia para esta importante fase del concurso. Pese a ello, cree que esperarán a que formalmente se den a conocer oficialmente todos los detalles de cómo avanzará el proceso el Consejo de la Judicatura, pues solo ahí se podrá saber si es viable o conveniente para el país.
En su momento, exfuncionarios del CJ e integrantes del Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados del Ecuador han señalado que debería declararse la nulidad total del concurso. Principalmente, han explicado, porque con las decisiones adoptadas y otras ‘irregularidades’ existentes no han desaparecido las dudas sobre la transparencia que debe existir en un proceso de selección tan importante como este.
Ocaña reconoce que no se descarta que se pueda seguir insistiendo en la nulidad total de este proceso, pero esperarán a que exista un pronunciamiento formal de la Judicatura. “Hasta ahora no se tiene claro qué es lo que van a hacer, si van a hacer o no van a hacer. Decían que van a esperar a que la Contraloría se pronuncie; tranquilamente pudieron tomar su resolución. Habrá que ver también cuál es el resultado del informe de Contraloría. (...) Se necesita tener claro qué es lo que indica el CJ”, anotó.
La Misión Internacional de Observadores (MIO), instancia que hace veeduría al proceso de selección de jueces de la CNJ en Ecuador, ha dicho que los procesos de selección de las altas magistraturas deben regirse por estándares internacionales que garanticen la transparencia, legitimidad e inclusión.
Jaime Arellano, uno de los integrantes de la MIO, ha sostenido que esa instancia sugirió en su momento “considerar retrotraer el proceso a la etapa que permita al Consejo de la Judicatura dar garantía de transparencia, publicidad y credibilidad al proceso y, por lo tanto, a la elección”.
La vocal Yolanda Yupangui insiste en que no hay causal para declarar la nulidad total del concurso y cree que, si se retoma el proceso de selección, es este actual pleno del CJ el que lo debe terminar. Desde su perspectiva, si se toman todas las previsiones y se avanza con rigurosidad y celeridad, los nuevos integrantes de la CNJ estarían ya seleccionados y designados a finales de enero de 2025, al final del periodo en la Judicatura de los tres vocales y el presidente actual. (I)
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